Gobernadores del NEA, divididos en la puja de Alberto con la Corte

Un grupo de gobernadores cercanos a la Casa Rosada firmó el respaldo al presidente Alberto Fernández para dar inicio al juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. El chaqueño Jorge Capitanich y el formoseño Gildo Insfrán acompañaron el documento. Así, en el NEA se traslucen diferentes posiciones sobre la puja que sostiene el Gobierno Nacional con el máximo tribunal.

«Este es un gobierno unitario», había calificado semanas atrás el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, sobre la postura, en principio, de Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la restitución de puntos de coparticipación y la declaración de inconstitucionalidad de una ley nacional.

Entonces, el mandatario había minimizado el impacto de la resolución judicial en las provincias. En otras ocasiones, además, había manifestado su preocupación por las reformas que planteó el oficialismo nacional, entre ellas, la ampliación de la Corte Suprema. Y aunque no habló abiertamente del pedido de juicio político, ayer, desde su espacio político, Juntos por el Cambio, emitieron un documento en el cual acusaron al Gobierno nacional de pretender «socavar a uno de los poderes del Estado» y rechazaron la solicitud.

Sin embargo, la puja por la coparticipación escaló profundo entre los gobernadores peronistas más cercanos. Y ayer, 11 representantes provinciales se reunieron con Alberto en Buenos Aires. Éstos reiteraron su respaldo en el pedido de juicio político al presidente del máximo tribunal. El requerimiento de investigación, además, se extiende al resto de los integrantes: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Entre los mandatarios que firmaron la solicitud se encuentran el chaqueño Jorge Capitanich y el formoseño Gildo Insfrán, quienes se expresaron muy críticos de la Corte Suprema. Además, impulsan un proyecto de ampliación de la misma.

Sin embargo, no acompañó el pedido el gobernador Oscar Herrera Ahuad, pese a su cercanía con la Casa Rosada, a integrar una fuerza provincial y no formar parte del Frente de Todos. El misionero había manifestado días atrás a la prensa local su intención de tomar distancia.

De esta manera, hasta ayer, los gobernadores del Nordeste presentaban posiciones disímiles en este escenario de tensión entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema. «No es cierto que no nos afecta, nos afecta severamente en menor transferencia de recursos nacionales. La defensa de nuestras provincias y del federalismo son una bandera absolutamente irrenunciable porque es la base para lograr equidad e igualdad», dijo ayer Capitanich tras el encuentro con el Presidente de la Nación.

«Esta acción», dijo el titular del Ejecutivo de la vecina provincia en referencia al fallo, «favorece claramente a una parcialidad política. Los argentinos no pueden estar tranquilos con miembros de la Corte que en vez de resguardar la vida, el patrimonio, la libertad y el honor, violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y los principios que son esenciales en un sistema republicano y federal», acusó el Gobernador del Chaco.

El pedido, que ingresará hoy al Congreso de la Nación, se basa en un presunto mal desempeño. La decisión de la Casa Rosada surge a partir de trascendidos de conversaciones entre el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y de operadores judiciales, entre ellos, Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte. La polémica derivó en la licencia del funcionario, quien desestimó los chats. Mientras que, para el bloque de Diputados del Frente de Todos, sería prueba de un presunto «entramado mafioso».

Entre varios puntos, la presentación no sólo cuestiona el fallo por la coparticipación por la presunta relación entre D’Alessandro y Robles, sino también de que Rosatti no se excusara de intervenir sobre la integración del Consejo de la Magistratura.

Para que el juicio político prospere, el oficialismo necesita de los dos tercios en ambas cámaras. Sin embargo, no todos los gobernadores peronistas acompañaron la solicitud, quienes son una pieza clave para los bloque provinciales en Diputados y, especialmente, en el Senado. No firmaron el pedido, por ejemplo, Omar Perotti, de Santa Fe; ni Sergio Uñac, de San Juan, quien mantiene un reclamo en la Corte para lograr un tercer mandato.

El panorama, además, no es sencillo en Diputados, en el que existe prácticamente paridad con la oposición y el oficialismo no tendría los votos suficientes. «Desde que se inició este Gobierno lo único que buscó fue la impunidad. No lo vamos a permitir, no pudieron con la reforma judicial, con la ampliación de la Corte. Vamos a estar acá para defender el interés de todos los argentinos», dijo este lunes la diputada nacional por Corrientes, Ingrid Jetter (PRO).

«El juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación busca amedrentar y socavar a los Poderes del Estado. Debe ser total el rechazo», manifestó el diputado nacional por Corrientes, Manuel Aguirre. «El kirchnerismo sólo intenta lograr impunidad para algunos de sus líderes», expresó.

fuente: Diario Época