Otro frente judicial: abren una causa “colectiva” por la entrega de alimentos a comedores

Antes de que el Ministerio de Capital Humano apele la resolución del juez federal Sebastián Casanello, para que distribuya alimentos acopiados, en el fuero contencioso administrativo -donde se dirimen los juicios contra el Estado- un juez abrió un proceso colectivo por la suspensión de la entrega de comida a diversos comedores y merenderos en distintos puntos del país. La demanda iniciada es contra el Gobierno nacional.

El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa hizo lugar a la demanda que se formuló contra el gobierno de Javier Milei por la falta de entrega de alimentos a comedores y merenderos. El proceso colectivo se abre en medio de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de apelar el fallo del juez de Comodoro Py Sebastián Casanello, que ordenó la distribución de 5 mil toneladas de alimentos, que según la denuncia de Juan Grabois estarían próximos a vencer.

Con la decisión del magistrado del fuero contencioso administrativo federal se abrió un plazo para que todas las asociaciones u organizaciones “que pudieran tener un interés en el resultado del litigio” se presenten para ser incluidos en el proceso colectivo.

Este expediente inició tras la presentación de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que responde a Grabois, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Puntualmente, se trata de un amparo colectivo contra el Ministerio de Capital Humano.

Entre los principales argumentos, el amparo sostiene que el Gobierno debe garantizar «el derecho a la alimentación adecuada y a la seguridad alimentaria y nutricional de todas las personas que asisten a comedores y merenderos comunitarios” ya que desde que asumió limitó la entrega de mercadería.

La respuesta del ministerio
Desde Capital Humano se señaló que, si bien era de «alta prioridad» garantizar la distribución de alimentos, existían fuertes razones para mejorar el mecanismo de su entrega “según las actuales autoridades, no reglado, tras haber verificado la existencia de diversas irregularidades en las formas de distribución hasta diciembre del año pasado”.

En su fallo, el juez Lara Correa señaló que las personas y organizaciones que pueden ser incluidas en este proceso colectivo, refiere a quienes son contemplados en nuestra Constitución, como «eternamente desventajados», es decir: las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y discapacitados, «que asisten a los comedores y merenderos comunitarios registrados, validados y matriculados”.

Quienes iniciaron la acción de amparo -que aún no se resolvió, sino que sólo se abrió el proceso de inscripción para quienes deseen sumarse para después el juez pronunciarse- tiene ya incluidos a Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros, la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, la Fundación Firmeza y Tesón y la Asociación Civil La Salud en Comunidad.

El reclamo principal es, a través de la justicia, lograr que se restablezca «la entrega de alimentos e insumos de forma inmediata para el sostenimiento de los comedores y merenderos comunitarios registrados, validados y matriculados en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios”. Por ese motivo, es Capital Humano el ministerio demandado por ser quienes administran esta tarea.

Entre otros aspectos, el juzgado del fuero contencioso solicitó que el Ministerio -en una plazo de cinco días hábiles- dé cuenta respecto a “la política pública destinada a garantizar el derecho a la alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad”. Se le pidió, en consecuencia, un exhaustivo detalle sobre varios puntos específicos: cantidad de comedores y merenderos inscriptos en el “RENACOM”; cómo es la ejecución de los fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

fuente: Clarin