El Gobierno estudia suspender la Ley de Alquileres con un decreto

La iniciativa del Gobierno de suspender la aplicación de la polémica Ley de alquileres, levantó polvareda en el sector inmobiliario. Ya que, junto con los legisladores en el Congreso, el sector viene intentando -infructuosamente- introducir cambios en la legislación para corregir las distorsiones generadas en el mercado. Sin embargo, también maneja la hipótesis de que la iniciativa sea sólo un anuncio.

En Economía y la Casa Rosada ​​estudian la suspensión por 180 días de la Ley de Alquileres -que fue una iniciativa del PRO acompañada por todos los bloques- con un Decreto de Necesidad y Urgencia que lleve la situación a la que existía con el régimen anterior y que además premie a quienes ofrecen propiedades en alquiler con una exención de Ganancias por lo recaudado con esa renta y de Bienes Personales por lo que tributa ese mismo bien.

Una de las primeras reacciones partió del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI). La entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado en el que sostuvo que la ley de alquileres «debe cambiar, pero no de cualquier manera».

«Festejamos que el Gobierno tenga el tema en agenda pero el cambio debe darse cumpliendo con todas las formalidades”, explicó Marta Liotto, titular de esa agrupación.

La entidad considera que suspender la ley por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) «necesariamente tendría visos de inconstitucionalidad», ya que implicaría que el Poder Ejecutivo se arrogaría la capacidad de legislar salteándose al Legislativo. «Esto generaría una sensación de inseguridad jurídica e incertidumbre aún mayor a la que ya sufrimos, lo cual afecta a toda la actividad económica, pero especialmente a las inversiones inmobiliarias y de la construcción», explicó la entidad en un comunicado.

“Por esta razón, solicitamos que la iniciativa política de finalmente actuar en contra de la actual Ley de Alquileres se traduzca no en un acto intempestivo por parte del Poder Ejecutivo, sino en la búsqueda de consensos en el Congreso, que permita que el Proyecto de Modificación tenga un rápido tratamiento en ambas cámaras”, señaló el CPI.

En la vereda opuesta, la Federación de Inquilinos Nacional planteó que «la ley de alquileres – sancionada por el Congreso-, sigue vigente, modificarla por decreto sería inconstitucional», señaló también en un comunicado. El titular de esa agrupación, Gervasio Muñoz, señaló: «es una incógnita lo que hará el Gobierno nacional, aunque no hay dudas ya, de que han demostrado una incapacidad gravísima para controlar el cumplimiento de la ley de alquileres. Los alquileres se están dolarizando y no hay contratos registrados», denunció.

La ley de Alquileres, fue votada por la Cámara baja en noviembre de 2019, a partir de un proyecto del diputado Daniel Lipovetzky, de Juntos por el Cambio. Fue convertida en ley por el Senado en junio de 2020 y entró en vigencia en julio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.

Sin embargo, los impactos de la ley en la actividad inmobiliaria, como los aumentos de precios y una importante retracción en la oferta de inmuebles en alquiler, generaron múltiples proyectos, desde distintos sectores, promoviendo cambios sobre esa legislación. Sin embargo, hasta ahora, ningun prosperó.

En las últimas horas, la necesidad de derogar la ley volvió al tapete tras haber sido analizada en un almuerzo que compartieron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa. El funcionario reiteró en varias oportunidades, su voluntad de cambiar la ley. Por eso, muchos temen que -esta vez- el rumor quede nuevamente en un mero anuncio.

fuente: Clarin