El Gobierno dará finalmente un nuevo aumento a estatales pero ya prepara otra ola de despidos
«Una de cal y otra de arena», reza un dicho popular que grafica el escenario que por estas horas evalúan en los gremios estatales. Es que, por un lado, el Gobierno ultima detalles para definir el aumento salarial de mayo en una reunión paritaria que podría concretarse entre miércoles y jueves próximo, al tiempo que culmina el escaneo trimestral del personal transitorio, cuyos contratos habían sido prorrogados hasta junio, y que podría decantar nuevos despidos en la administración pública.
El Ejecutivo se apresta a conceder una nueva suba salarial luego del prolongado cuarto intermedio dispuesto en marzo que, en los hechos, terminó congelando durante abril los ingresos de los empleados públicos. Fuentes de Jefatura de Gabinete consultadas confirmaron que esta semana habría una propuesta de aumento a los sindicatos que, en principio, se acercaría a la última inflación medida por el Indec (8,8% en abril).
Desde ATE y UPCN reconocieron a este diario que probablemente esta semana haya reunión con los funcionarios de la Secretaría de Transformación del Estado -que ante la renuncia de Armando Guibert sigue en manos de la subsecretaria María Rosana Reggi- y de Economía, como Carlos Gubernam. Es el secretario de Hacienda el que, según los gremios, terminará definiendo una cifra de incremento paritario que, difícilmente, logre compensar las subas de precios del último bimestre.
En ATE anticiparon su rechazo -exigen que al menos se reconozca la pérdida de poder adquisitivo de abril y mayo- mientras que en UPCN, el sindicato conducido por Andrés Rodríguez, deslizaron que «hubo avances» en las conversaciones con el Gobierno pero que aún no hay un porcentaje de incremento salarial cerrado.
El otro tema que preocupa a los gremios estatales es que la revisión de unos 57 mil contratos regidos bajo el artículo 9 y de asistencia técnica, que fueron prorrogados en marzo pasado por otros tres meses, decanten a fines de junio una nueva oleada de despidos. «Se confeccionaron listados con las características del personal, si estaba cerca de jubilarse para ofrecer un retiro voluntario, o el cumplimiento de la presencialidad. Pero resulta insalubre que te estén escaneando cada tres meses», alertan desde ATE.
En su informe de gestión ante el Senado, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, reconoció que «al 31/03/2024 se registra un total estimado de 14 mil bajas en la Administración Centralizada y Descentralizada». Pero, además de concretar esa purga, el oficialismo anticipó que continuarían las auditorías de los miles de empleados que revisten en la planta transitoria.
En ATE estiman que ya está en marcha «la cuenta regresiva» hacia nuevas cancelaciones de contratos y despidos. Y que el cuadro podría agravarse si se sancionara en el Congreso la Ley Bases que no sólo contempla la privatización de empresas públicas sino la autorización para «disolver» organismos e institutos.
«En el Inti (Instituto nacional de tecnología industrial) el año pasado incorporaron más de 200 empleados. Y tampoco es viable que de un total de 2800, más de 800 estén en la administración», se ataja una calificada fuente oficial consultada.
Las posibles cesantías podrían producirse en los «ministerios que fueron fusionados», como Capital Humano o Economía, pero también en Secretaría General. También se teme que haya despidos en empresas públicas como Correo Argentino o Fabricaciones Militares. Si bien había en marcha un plan para reducir la planta de Trenes Argentinos, el accidente de la línea San Martín registrado en Palermo hace unas semanas podría demorar la reestructuración de la firma.
En el citado informe de gestión, la Secretaria de Transporte informó que el personal «desvinculado» en marzo de la empresa ADIF (Administradora de la infraestructura ferroviaria) «no se encontraba abocado a tareas de operación y/o control de la prestación de los servicios de pasajeros y de cargas a cargo de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, Belgrano Cargas y Logística SA y los concesionarios privados».
fuente: Clarín
