Confirman cinco procesamientos por tramitar jubilaciones truchas
Los imputados fueron procesados por defraudar a la Anses y la causa comenzó luego de una denuncia realizada en 2010.
La Cámara Federal de Apelaciones no hizo lugar a los recursos de apelaciones deducidos por las defensas de L. Á. Abadía, R. Pisarello, A. G. Fernández y F. R. Bulacio y confirmaron la resolución de fecha 13 de junio que los procesó sin prisión preventiva.
Esta causa comenzó por una denuncia interpuesta por un grupo de agentes de la UDAI – Resistencia en el año 2010. Ellos manifestaron, en forma anónima, que en dicha repartición se habría llevado a cabo maniobras con la finalidad de jubilar a trabajadores con categoría de chofer, sin contar con las licencias correspondientes ni la edad jubilatoria, habiéndose presentado documentación presuntamente apócrifa para acceder a los beneficios.
Es decir, se trata de una organización que gestionó jubilaciones truchas de supuestos choferes de empresas privadas aprovechando que esta categoría tendría un trámite diferente.
Al tratarse de hechos que ocurrieron tantos años atrás, algunos defensores presentaron recursos para que prescriban las actuaciones por el paso del tiempo. Pero no prosperaron.
Resulta que uno de los imputados fue funcionario público y por lo tanto, los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones indicaron que: «La normativa se aplicaba plenamente, en tanto existe un evidente nexo causal entre la función pública y el ilícito sometido a proceso, aplicándose la suspensión en los casos en que el delito imputado se encuentre relacionado con las funciones o tareas del agente, lo que sucede ya que la pesquisa tiende a dilucidar los delitos de falsedad ideológica, defraudación a la administración pública y la existencia de una asociación ilícita».
«Tampoco dejamos de evaluar que la maniobra investigada posee complejidades e involucra a varias personas, algunas de las cuales se desenvolvían en el ámbito de la administración pública u organismos dependientes del Estado, y otras como gestores privados, siendo la hipótesis delictiva un ardid desarrollado a efectos de defraudar a la Anses con el consiguiente daño a la sociedad toda y mediante la utilización de personas vulnerables», dijeron.
Al tiempo que si bien advirtieron que «las actuaciones deberán resolverse con la mayor celeridad posible» entendieron que «no resultan procedentes los planteos efectuados por las defensas». Y calificaron como «razonables y fundados los fundamentos expuestos por el fiscal general Federico Carniel».
Respecto a la medida cautelar impuesta en orden a la prohibición de salida del país, los magistrados de la Cámara Federal indicaron que: «Vale recordar que los acusados se encuentran siendo investigados, y se les imputa haber formado parte de una organización criminal con la finalidad de cometer fraudes a una organización pública, con lo cual estimamos que la medida se encuentra suficientemente fundada, respetando los límites de proporcionalidad y razonabilidad que deben primar en toda medida».
Sobre la cantidad en que fueron fijados los embargos, mencionaron que «no resulta excesiva en relación a la naturaleza de los delitos.
fuente: Diario Norte
