La crisis de la salud pública y privada irrumpe en la agenda provincial
Sin problemas de arrastre que tienen como eje la falta de financiamiento, la inflación y la sobrecarga de servicios.
La situación crítica que vienen afrontando los servicios de salud públicos y privados en el Chaco se convirtió de manera imprevista, pero por su propio peso en un tema central de la agenda provincial de esta semana. Se trata de un cuadro que se vino tornando cada vez más complejo, con una situación de arrastre que el proceso inflacionario acentuó mucho más en este año.
Ayer los prestadores de la obra social del Insssep denunciaron un deterioro límite de sus condiciones operativas (ver página 3), a raíz de los atrasos en los pagos de la obra social estatal y de que la elevada inflación hace que la espera le reste valor real día a día a sus cobranzas cuando logran concretarlas. Frente a ese panorama, dijeron no descartar la suspensión de la atención a afiliados del Insssep.
El lunes, en tanto, trascendió una comunicación interna de la Dirección del Hospital Pediátrico por la que se notificaba de la suspensión de las cirugías programadas, por falta de insumos, en medio de diferentes reclamos y denuncias efectuadas en las últimas semanas por particulares y legisladores de la oposición acerca de graves carencias en la red sanitaria estatal.
Luego llegó, con alivio, la noticia de que la medida del Pediátrico había sido dejada sin efecto y que se retomarán las cirugías programadas ante un compromiso del Ministerio de Salud de salvar la situación que había dado origen a la suspensión de las mismas.
Pero el problema muestra tener raíces más estructurales. Un informe difundido la semana pasada por el gremio Aptasch, que agrupa a profesionales y técnicos de la Salud Pública, hablaba de un fuerte debilitamiento de la atención en toda la provincia, por la falta de recursos materiales y humanos, que se agrava porque al mismo tiempo la crisis económica hace que miles de personas que antes se atendían en la salud privada ahora recurran a la pública, sobrecargando servicios.
Y en esta misma página, instituciones de emergencias médicas y atención domiciliaria también se pronunciaron, con una solicitada en la que se dirigen al gobernador, a la ministra de Salud y a las autoridades del Insssep para advertir que viven una «apremiante situación económica».
Esas instituciones hablan de «retrasos en pagos de hasta siete meses por parte de la obra social del Insssep» y dicen que reclaman una solución «para evitar el inminente corte de prestaciones que implicaría no solo la pérdida de puestos de trabajo sino la angustia e indefensión de los afiliados».
fuente: Diario Norte
