Cierran una pyme del Chaco por los bloqueos de Camioneros

Matías Morante, su dueño, tomó la drástica decisión luego de que el sindicato liderado por Hugo Moyano, desafiando una orden judicial, bloqueara la entrada a su negocio en Resistencia con 30 camiones y 90 manifestantes.

Hace tres semanas, Matías Morante tuvo bloqueado durante quince días su local de venta de materiales de construcción en Resistencia, Chaco. El Sindicato de Camioneros le reclamaba el encuadramiento de 6 de sus 50 empleados y levantó la protesta el 12 de abril cuando el empresario denunció: “Nos están asfixiando”. En las últimas horas volvieron a bloquearlo, desafiando incluso una orden judicial de desalojo, y el dueño de la pyme dijo a Infobae que no aguanta más: “Ya paré todo y voy a cerrar la empresa. Me duele en el alma, intenté de todo, pero nadie nos dio una mano”.

Los activistas sindicales volvieron a bloquear este miércoles por la mañana el negocio de Morante en Resistencia, que se inauguró hace un mes con una inversión de 80 millones de pesos, y luego se fueron ante el desalojo ordenado por la Justicia, en medio de un fuerte operativo policial. Pero esta mañana la entrada al local fue bloqueada otra vez por una caravana de 30 camiones y unos 90 manifestantes del gremio. Por eso el empresario tomó la decisión de cerrar las puertas y mantener, por ahora, la otra sucursal, en el departamento San Martín, a 120 kilómetros de la capital provincial.

Quedarán en la calle 15 empleados entre los que trabajaban en el local y los choferes, y no se despejará el riesgo para el resto del personal. “No puedo seguir así -confesó-. Ayer escupieron a un empleado y lo amenazaron de muerte. En 15 años de laburo nunca imaginé esto. Tenía 1500 cosas previstas como empresario: que venga un gobierno que no nos ayude, que la economía se caiga, que el rubro no venda, pero jamás imaginé que un sindicato nos iba a fundir”.

Los problemas de Morante comenzaron a fines de marzo, cuando los activistas de Camioneros bloquearon el negocio de Resistencia y 15 días después hicieron lo mismo en el que está ubicado en el departamento San Martín. La protesta se debió a la negativa del empresario a la exigencia sindical de que pasara a 6 de sus 50 empleados al sindicato de Moyano. “Me amenazaron con quemarme los camiones, quemarme el negocio, cagarme a piñas y fundirme la empresa. No podemos seguir así, sin trabajar. Nos están asfixiando”, sostuvo en ese momento en diálogo con Infobae.

El empresario, de 32 años, inauguró la empresa cuando tenía 18 años y no esperaba un problema de este tipo: “Me reclamaron que les pase 6 empleados de la nómina al sindicato, algo totalmente ilegal porque compramos, vendemos y distribuimos materiales de construcción y la ley encuadra a las empresas de acuerdo con su actividad principal. Y nuestra actividad principal es comercial”, dijo.

Sin que interviniera la Justicia ni las autoridades provinciales, Camioneros levantó en forma sorpresiva el bloqueo el 12 de abril, aparentemente por la enorme repercusión que tuvo el caso, en donde estaba involucrado Moyano, un aliado sindical de Alberto Fernández. Pero la tregua se terminó este miércoles, cuando irrumpieron nuevamente los activistas. Esta vez, sin embargo, la denuncia judicial surtió efecto y un fiscal ordenó el desalojo, con un importante dispositivo policial.

Pero este jueves, menos de 24 horas después, Morante se encontró con que su local estaba bloqueado por una impactante fila de 30 camiones de gaseosas y cervezas, custodiados por 90 manifestantes. El fiscal no podía creerlo. Hasta el momento, no había dispuesto ninguna nueva medida para el desalojo.

Por eso Morante se cansó. Analizó la situación, habló con sus abogados y decidió cerrar el local de Resistencia. Porque, además del bloqueo, representantes del sindicato hablaron con sus proveedores para amenazarlos: si les seguían vendiendo mercadería a Morante, los iban a bloquear a ellos. “Estábamos tratando de restablecer la actividad y nos vuelven a matar. Salen a hablar con los clientes para que no nos compren. Laburando podía intentar acomodarme, pero no me dejan trabajar. No tengo chances”, admitió con bronca el propietario de la pyme chaqueña.

¿Podría revisar su decisión si se revierte el bloqueo? Morante es tajante: “Primero me tienen que solucionar el tema con los clientes que no me quieren comprar más. Pierdo ese volumen y por más que no me bloqueen los negocios no puedo solventar eso. Y necesito que me dejen de romper las bolas con los proveedores. Por eso me tienen que sacar a esta gente de encima y que no nos vuelvan a molestar nunca más. Ya con los 15 días que perdí sin poder trabajar llegué a un colapso financiero”.

El dueño de la empresa protestó porque los sindicalistas “hacen lo mismo de siempre, que es el apriete, la extorsión, la amenaza”, pero advirtió que no cederá: “No soy una empresario de transporte, soy un comerciante que compro y vendo mercadería. Lo que me piden es ilegal. Que vayan a la Justicia y que ahí se determine la situación. No soy quién para resolver el encuadre sindical de una empresa. Que esta gente reclame en forma legal, como corresponde”. Y concluyó: “Por eso tengo que tomar decisiones. Seguir sería un riesgo para el resto del personal. No entra más plata. Pagamos los sueldos, los impuestos y no podemos pagar más nada. Nos fundieron como pyme”.

La empresa de Morante es otra víctima de la modalidad extorsiva de protestas sindicales. En este caso, como se quejó, “la Justicia se expide muy poco y no alcanza lo que hace”. En otros, como en San Nicolás, terminó con dos dirigentes del Sindicato de Camioneros presos por un bloqueo y una fiscal, María del Valle Viviani, que allanó el gremio para buscar pruebas de la extorsión y frenó a Hugo Moyano: “Yo no hago política, estoy investigando un delito y hay pruebas de sobra”, le dijo.

Quizá no sea el único ejemplo de jueces y fiscales que actúan: a mediados de diciembre pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de cinco representantes del Sindicato de Camioneros por el bloqueo realizado en 2020 al depósito de Villa Soldati de la empresa Andar Transportadora para reclamar una supuesta deuda con esa organización.

fuente: InfoBAE