13 años sin Defensor del Pueblo de la Nación: piden a la Justicia poner multas al Congreso por demorar su designación
Desde hace trece años, no hay nadie que defienda institucionalmente a los argentinos. Esta semana se cumplieron trece años de no tener Defensor del Pueblo de la Nación, el cargo destinado por la Constitución para ser el abogado de la sociedad. La potestad para avanzar en el nombramiento de un candidato para ese cargo clave depende del Congreso. Hoy, la bicameral que debe llevar adelante ese trámite también esta vacía. Ni siquiera han sido nombrados los siete diputados y los siete senadores que se necesitan para conformarla.
Para designar a un Ombudsman -con mandato de cinco años- se necesitan las dos terceras partes de los votos en las dos cámaras. Hoy, el escenario legislativo para elegir a un candidato y darle su aval parece imposible. “Es un hecho lamentable de la democracia argentina que desde hace 13 años ese cargo esté vacante”, dice a Infobae Eduardo Mondino, el último defensor del Pueblo. “Yo fui electo dos veces por unanimidad. Eran momentos en que la política todavía hacía acuerdos. Pero hoy la Argentina no tiene ni Defensor del Pueblo, ni Procurador, ni el Gobierno manda el pliego de una candidata para integrar la Corte Suprema”.
“El defensor del Pueblo es un límite al abuso del poder. Y se ve que el poder no quiere ser controlado”, afirma en diálogo Infobae Hernán Gullco, director de Asociación por los Derechos Civiles (ADC), profesor de la Universidad Di Tella y cabeza de una demanda que está exigiendo al Congreso, en los tribunales, cumplir con el nombramiento del Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo es una figura central en el respeto de los derechos humanos y el control de los actos de Gobierno, creada a través de la reforma de la Constitución Nacional. Tiene la facultad de tramitar reclamos ciudadanos, realizar investigaciones, publicar informes, hacer propuestas y recomendaciones y actuar en causas judiciales por reclamos colectivos de derechos humanos, medio ambiente, servicios públicos o el incumplimiento de sentencias judiciales. Una ironía: hoy podría estar reclamando la falta de respuestas sobre la orden judicial para nombrar Defensor del Pueblo.
La historia no es nueva, pero se volvió invisible, tal vez por la costumbre. La Corte Suprema de Justicia emplazó al Congreso Nacional, en épocas de Mauricio Macri, a nombrar al Defensor del Pueblo. Lo hizo en agosto de 2016 cuando el máximo tribunal volteó el aumento de tarifas que llevó adelante esa administración por la falta de audiencias públicas. Volvió a hacerlo unos meses después, en el marco de la causa por la limpieza del Riachuelo en forma literal: “Corresponde exhortar a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación, para que en el marco de sus respectivas atribuciones constitucionales, dispongan en el más breve lapso posible, la designación de un nuevo titular” de la Defensoría del Pueblo de la Nación, escribió. En distintas sentencias posteriores, la Corte señaló que los defensores públicos provinciales no tienen entidad para demandar decisiones del Ejecutivo Nacional y solo puede hacerlo quien ocupe ese cargo designado por el Congreso.
En 2016, el mismo día del fallo del “tarifazo”, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal exhortó al Poder Legislativo a que de una vez por todas inicie el proceso de designación del Defensor del Pueblo de la Nación y habló de una “inconstitucionalidad por omisión de uno de los tres Poderes del Estado” que debía ser enmendada.
¿Qué pasó con ese fallo? Tampoco se cumplió. Es por eso que en medio de la pandemia, a fines de noviembre de 2020, un grupo de asociaciones civiles volvieron a tribunales a denunciar el incumplimiento de esa sentencia. La movida la llevó adelante la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), promotora de la sentencia ignorada, acompañada por Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Poder Ciudadano, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Fundación Sur Argentina.
“Las asociaciones nos presentamos en tribunales por la omisión de la Comisión Bicameral de reunirse para avanzar con el trámite. Y hasta ahora la jueza ha hecho lugar al reclamo y ha mandado exhortaciones al Congreso, pero allí siguen sin actuar”, explica Gullco.
La jueza Rita Aylán exhortó en diciembre del 2020 a cumplir en diez días con la sentencia de avanzar con el nombramiento, dictada en 2016. Pero el 28 de diciembre de 2021, la Cámara de Diputados de la Nación le contestó al tribunal que “no es una cuestión menor que para que se haga efectiva la elección del Defensor del Pueblo de la Nación la norma exige la aprobación del candidato propuesto por la Comisión Bicameral, por una mayoría de dos tercios de los presentes en cada una de las Cámaras, mayoría que no puede alcanzarse con facilidad, sin delicados y laboriosos acuerdos políticos.”
Y por eso, añadió, “no resulta posible para nuestra representada que los miembros de la Comisión en cuestión y a su vez ambas Cámaras en pleno adopten una determinada acción – que en el caso incluye la realización de una terna, su comunicación a ambas Cámaras y finalmente su designación por mayoría agravada en ambos recintos”. De paso se añadió que se estaba en el medio de la pandemia y había un ajustado orden de temas que no se podía modificar. Por su parte, la Cámara de Senadores ni respondió.
En agosto pasado, las entidades volvieron a exigir respuestas. “Los inconvenientes políticos que puedan derivar de la necesidad de obtener un consenso no pueden ser utilizados como justificativo para que no se inicie el proceso de elección de la autoridad de la Defensoría del Pueblo”, sostuvieron. “Ni la pandemia ni la complejidad de los consensos políticos son argumentos válidos para que el Congreso continúe incumpliendo con su deber constitucional”, advirtieron. Y descartaron el argumento de la complejidad de acuerdos porque en febrero de 2020 el Senado designó a Marisa Graham como Defensora de Niños, niñas y Adolescentes, tras catorce años de espera por parte de la ciudadanía, en un proceso similar al que se necesita para nombrar Defensor del Pueblo de la Nación.
La jueza repitió el pedido de informes al Congreso. En esta oportunidad, el Senado sí respondió. Explicó que no podían hacer nada porque la cuestión dependía de la voluntad de los bloques. “No existe competencia de la Presidencia ni de la estructura administrativa del H. Senado de la Nación para avanzar más allá de las facultades que le son reconocidas -se señaló-. Se trata de una potestad exclusiva y excluyente de los y las Senadoras de la Nación sobre cuyo ejercicio ningún Poder del Estado, puede interferir o condicionar”.
A fin de diciembre, hubo una nueva exhortación de la jueza a saber en diez días qué avances había habido. Sin novedades. A mediados de marzo, la ADC reclamó medidas urgentes: que se impongan astreintes (multas) diarias y de valor progresivo a las presidencias de ambas Cámaras por el incumplimiento de la sentencia. El planteo fue elevado días atrás a la Cámara en lo Contencioso que deberá evaluar el tema.
Mientras tanto, las asociaciones civiles intentan instalar el tema en la agenda pública. Hasta una cuenta en Twitter muestra, con ironía, el tiempo que pasa sin representante en ese cargo.
“Es difícil saber qué pasa en la mente de los legisladores. Ahora culparán a la famosa grieta, pero antes de la grieta tampoco se hizo -reflexiona ante Infobae Gullco-. La realidad es que a los actores políticos no se toman en serio las instituciones. El Defensor del Pueblo fue creado como una institución que protege de los derechos de los ciudadanos y hace 13 años que nadie representa nuestros derechos”.
Según señaló, “no queremos que nos pase como con la causa del Procurador de Santa Cruz Eduardo Sosa”, un caso en donde la Corte Suprema conminó en diferentes oportunidades a la provincia a devolverlo en su cargo pero el Ejecutivo explicaba que no podía hacerlo. Sosa nunca volvió a su puesto del que había sido desplazado”.
Por su parte, Mondino no arriesga razones para saber por qué no se avanza en la designación, pero sostiene que “hoy la defensoría es una oficina administrativa, sin ningún poder para controlar”. El decidió renunciar el 6 de abril de 2009. Su mandato terminaba en diciembre de ese año, pero el gobernador de Córdoba le había ofrecido competir por un cargo político en esa provincia. “Me podría haber tomado licencia y ver qué suerte tenía en las elecciones pero no me pareció ético meter a la institución en el barro de la política y afectar la credibilidad de la institución”, dice.
Sin embargo, para esa altura, la Defensoría ya había entrado en un proceso de confrontación con el kirchnerismo. “Al kirchnerismo nunca le gustaron los controles y llegamos a judicializar todas las acciones. La institución se había convertido en un enemigo de Néstor Kirchner”, afirmó en diálogo con Infobae. Desde la Defensoría había promovido investigaciones por las maquinarias agrícolas a Venezuela, impulsado el reclamo de los tobas en el Chaco, cuestionado los repartos de ANSeS y apuntado al funcionamiento del tren Sarmiento. En junio de 2008, había recibió a los ruralistas en medio del conflicto con el campo y avanzaba con la demanda por el incumplimiento del saneamiento del Riachuelo.
Según le dijo a Infobae, en ese clima de tensión fue convocado por el secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli a una reunión de la Casa Rosada. El encuentro fue tirante. “En este Gobierno nosotros hacemos lo que queremos y si no, nos vamos”, dice Mondino que le dijo Parrilli. “Si no puedo actuar con independencia, yo también me voy”, añadió el ex defensor sobre esa reunión.
Tiempo después Mondino renunció. Ya pasaron trece años. A lo largo de ese tiempo, fueron electos en el Congreso 771 diputados y 144 senadores, bajo distintas administraciones en el Ejecutivo y distintas presidencias tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. Pero la silla del Defensor del Pueblo sigue vacía.
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