Después de un mes, se logró abrir el celular de Fernando Sabag Montiel y recuperaron datos de sus redes sociales

Después de un mes desde que se dañó el celular de Fernando Sabag Montiel, se logró acceder a la información del dispositivo que en manos de la Policía Federal había quedado reseteado de fábrica. El informe con los datos que se pudieron recabar del aparato ingresó al juzgado a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y de la fiscalía de Carlos Rívolo que comenzaron a analizar la información recuperada.

El celular del joven que apuntó con una pistola Bersa calibre 32 a la vicepresidenta de la Nación, es una pieza clave en la reconstrucción de los hechos que fueron denominados por la justicia como el plan criminal para asesinar a Cristina Kirchner.

Sin embargo, el dispositivo estuvo a punto de convertirse en un elemento inutilizable. Cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) recibió por primera vez el celular de Fernando Sabag Montiel, no logró analizarlo. Estaba dañado.

En esa instancia del expediente judicial que tenía pocas horas en curso después del atentado contra la vicepresidenta, se desató una fuerte discusión sobre el trabajo de la Policía Federal que tuvo a su cargo el primer informe pericial sobre el dispositivo.

Cuando los efectivos conectaron al UFED el dispositivo, el software de origen israelí que se utiliza para acceder a la información de los celulares bajo investigación judicial, no lograron acceder a la información. Ese primer intento ocurrió en el despacho de la jueza Capuchetti a pocas horas de ocurrido el atentado.

Aquel viernes de 2 de septiembre por la madrugada, un problema de baja tensión en Comodoro Py obligó a la Policía a buscar otra PC y finalmente conectaron el dispositivo, pero después de esperar unos minutos le informaron a la magistrada que no se logró acceder al contenido del celular.

Permaneció más de doce horas en la caja fuerte del juzgado, en el mismo sobre en el que fue remitido a Comodoro Py. En iguales condiciones, fue enviado a la PSA al conocerse que contaban con un sistema de análisis de útlima generación.

Así fue que el celular quedó bajo la custodio de los especialistas de la PSA. Después del primer chequeo del dispositivo, se informó al juzgado de Capuchetti que el dispositivo electrónico de Sabag Montiel «mostraba en su pantalla la configuración inicial del teléfono (de fábrica)».

Los investigadores insistieron en pedir otras medidas de análisis para recuperar toda la información del celular. Sólo contaron con un detalle de las imágenes y videos obtenidas de la tarjeta.

En ese transcurso el fiscal Carlos Rívolo ordenó una «pericia de la pericia». Siendo que la Policía Federal fue la primera fuerza en intervenir, esta medida busca desentrañar si las acciones cometidas con el celular como prueba de una causa que califican de «relevancia institucional como judicial», fueron las más adecuadas para el resguardo del dispositivo.

Después de diversos intentos, la fuerza aeroportuaria el 28 de septiembre pasada inició las tareas periciales ordenadas por el juzgado. El trabajo estuvo a cargo de la Oficina de Criminalística. Se requirió acceder a la información alojada en la «nube» del celular.

Como ya se dio a conocer en el expediente se analizó información almacenada en la tarjeta memoria del dispositivo, que expuso fotografías y videos de Sabag Montiel con el arma Bersa calibre 32 que gatilló a quince centímetros de la cabeza de la vicepresidenta. También había imágenes de Brenda Uliarte posando con el arma meses antes del ataque.

El trabajo que se emprendió para lograr extraer la información alojada en la “nube” del teléfono, se realizó a través de la colocación de la tarjeta SIM «en un nuevo equipo de comunicaciones de similares características (SM-A505G)», se informó oficialmente.

Según el detalle proporcionado al juzgado, a través de dicho procedimiento se logró obtener la información de tres cuentas de Google. Para avanzar en este trabajo de análisis, se lograron restablecer las contraseñas mediante el equipo de comunicaciones y el abonado telefónico. «Esto permitió recuperar la totalidad de los registros obrantes en estas cuentas (take out)», informó la PSA.

En lo que concierne a la cuenta de WhatsApp, se consignó que no había copias de seguridad en las cuentas de Google que se obtuvieron. Pese a ello, los especialistas de la PSA detallaron que «se descargaron todos los datos existentes en la ‘nube’ del servidor de la aplicación».

Fuentes judiciales señalaron a Clarín que la información se encuentra bajo análisis por parte de los investigadores para determinar si hay más pruebas sobre el ataque contra Cristina Kirchner que perpetró Sabag Montiel.

Si bien en el celular del joven de 35 años estaban las cuentas de redes sociales, las mismas permanecen suspendidas por Meta. «Por tal motivo, se recomendó a la judicatura arbitrar los medios necesarios para levantar la suspensión y permitir el acceso a la información disponible. Respecto de Facebook, no se han encontrado cuentas vinculadas», se informó.

Fernando Sabag Montiel contaba con una cuenta de Telegram, a la que logró acceder la PSA descargando de la misma la totalidad de los datos obrantes en el servidor.

La acusación

La justicia federal concluyó que Sabag Montiel y Uliarte «actuaron con el determinado designio de causar la muerte de la Vicepresidenta, de conformidad al previo plan ideado entre ambos». Señaló en otro tramo del escrito, que el medio empleado idóneo a tales fines y pese a que no logró alcanzarse «por razones ajenas a la voluntad de ambos» se calificaron en el grado de tentativa.

Es por ese motivo que la jueza Capuchetti cuando los procesó, consideró que contaban con el arma con anterioridad «para cometer el homicidio» y que ambos tenían un «cabal conocimiento de su adecuado funcionamiento y aptitud de disparo».

Por otro lado se corroboró que la pareja no sólo dio inicio a la ejecución del plan sino que «nos encontramos frente a una tentativa acabada en tanto llevaron a cabo todos los actos necesarios para causar la muerte de Cristina Fernández de Kirchner».

A esta instancia de la pesquisa, la jueza no estableció, hasta ahora, vínculos de los jóvenes procesados con organizaciones políticas, a pesar de los intentos del Gobierno de vincularlos con «Revolución Federal». Tampoco después del levantamiento del secreto bancario, se logró por el momento determinar si hubo fuentes de financiamiento externas para concretar el atentado del 1 de septiembre.