«El trabajador tiene temor a denunciar porque debe convivir con el victimario»

Aquellos que ocupan cargos jerárquicos en la Justicia y tienen esa mirada anacrónica del Poder Judicial, asociándolo a un espacio impoluto, verticalista e inflexible, por encima de lo mundano, suelen señalar que los jueces tienen que «hablar por sus sentencias» descartando todo lo que rodea al entorno. Pero, en pleno 2022, existen casos en los que los magistrados también pueden ser noticia no por su postura para generar equilibrio entre los problemas sociales sino por las denuncias que reciben.

Tal es el caso de la titular del Juzgado Civil y Comercial N° 22 de Resistencia, Teresita María Fanta, que desde que retomó sus funciones tras un largo período de licencia con el argumento de mejorar la eficiencia en la dependencia solo se dedicó a infundir temor, incrementar de forma arbitraria la carga laboral y llevar a que el agente que no pudiera conseguir traslado esté hoy con licencia psiquiátrica.

«El trabajador tiene temor a denunciar porque debe convivir con el victimario», señala la titular del Sindicato de Empleados Judiciales de Chaco, Graciela Aranda, para subrayar que llegar a ese estadío requiere de la valentía de la víctima y el estar ante una situación insostenible.

En esa línea, la dirigente sindical expresó que lo que se pretende es solamente ejercer las condiciones de trabajo en un «ambiente sano» que hoy la presencia de Fanta no garantiza para quienes se desempeñan en ese juzgado.

NORTE también dialogó con agentes que prefieren mantener en reserva sus nombres ante la posibilidad concreta de represalias, quienes indicaron que padecen presiones constantes y que sumado a mal manejo de equipo que tiene la magistrada en modificar de forma constante pautas de trabajo, lejos de generar agilidad en los trámites lo que hizo fue profundizar la ralentización.

DESPROTECCIÓN

Sin convenio colectivo de trabajo y con un reglamento interno redactado hace más de 40 años que desde entonces solo tuvo algunos maquillajes sin modificar cuestiones de fondo para limitar arbitrariedades, los trabajadores sienten que la desprotección a la que se encuentra es grande cuando, en estos casos que son excepción y no regla dentro del sistema, padecen maltratos.

En ese sentido, uno de ellos es regular las condiciones de servicio ya que por ejemplo hoy los magistrados pueden pedir que se cumplan 10 horas semanales además de la carga horaria diaria sin que eso implique una mayor remuneración. Pero, según consta en la declaración de los agentes para sustanciar la información sumaria que abrió el Superior Tribunal, Fanta decidió ir más allá y emitió una resolución interna en la que establecía que en algunos casos algunos trabajadores que iniciaban su jornada a las 7, la interrumpían unas horas a la siesta, y debían volver al juzgado para quedarse hasta las 21.

Otra cuestión que tienen a mano los jueces que pretenden ejercer desde el látigo es el concepto «pérdida de confianza», por el cual sin efectuar demasiados detalles acerca de lo que esto representa, pueden solicitar el traslado del personal, con los inconvenientes que esto puede provocar en un trabajador, que sin razón alguna deba cambiar de lugar en el que presta servicios.

Si se avanza en la información sumaria, ¿podría darse un jury?

En los próximos días se cumplirá el plazo de cinco días por el cual la jueza Teresita Fanta deberá efectuar su descargo de la información sumaria que inició el Superior Tribunal de Justicia y por el cual determinó una suspensión provisoria de la magistrada.

En su artículo 154, la Constitución provincial establece que los magistrados durarán en sus cargos mientras, además de la buena conducta, no efectúen el abandono de sus funciones, y en lo que declararon los agentes ante la oficina de Recursos Humanos de la Justicia es que la apuntada como victimaria no cumplía con el horario de trabajo.

Ahora, no es un tema menor la defensa a libro cerrado y en modo corporativo que realiza la Asociación de Magistrados sobre una de las integrantes de ese sector dentro del eslabón de la justicia, lo que se traduce en que si la denuncia adquiere otro cariz y trasciende lo administrativo pone en duda la imparcialidad que puedan tener en el Consejo de la Magistratura en caso de que se solicite un jury de destitución.

En un comunicado, el Sindicato de Trabajadores Judiciales contestó a los magistrados e instó a no naturalizar la violencia. «Resulta extraño que, en lugar de buscar una solución para la erradicación de todo tipo de violencia, se pretenda amedrentar a las víctimas, en una muestra más de violencia», cerró.

fuente: Diario Norte