A tres años de la ley de Emergencia Alimentaria en el final de la gestión Macri, casi todos los indicadores empeoraron

Entre las elecciones PASO y las generales presidenciales de 2019 que llevaron de nuevo al kirchnerismo al gobierno, el peronismo unido en el Congreso logró en tiempo exprés impulsar la sanción de la ley de Emergencia Alimentaria, que todavía sigue vigente, hasta diciembre de 2022.

En sus efectos prácticos, la ley incrementaba un 50% las partidas vigentes para programas alimentarios y nutricionales, y a partir del 1° de enero de 2020 -una herramienta para el nuevo gobierno del Frente de Todos que ya se avizoraba- permitía ampliar y reestructurar partidas presupuestarias hacia el tema alimentario.

En lo político, el proyecto era una parte central de la significación que el panperonismo -que volvía al poder tras la experiencia Cambiemos-, quería imprimir a la gestión de Mauricio Macri.

“El hambre no puede esperar”, era la consigna opositora del momento. Sectores de la Iglesia suscribían: entre la sanción en Diputados y el Senado Macri fue a Salta donde el obispo Mario Cargnello lo sorprendió con un «Mauricio, llévate el rostro de los pobres».

El nuevo gobierno armaría el efímero “consejo contra el Hambre” -que pronto desactivó- con reconocidos referentes. En la primera cita Marcelo Tinelli y el presidente electo Alberto Fernández (el 15 de noviembre 2019) se mostraron al borde del llanto por la situación social.

A casi tres años de la sanción de la ley, por razones que son motivo de debate, los indicadores económicos y sociales se mantienen en el mejor de los casos en terrenos similares o han empeorado, en algunos casos significativamente, según la comparación de datos oficiales.

La Emergencia Alimentaria corre hasta fin de año y al menos hasta ahora, no está en la agenda legislativa el debate sobre prorrogarla.

“La emergencia permitió compensar partidas, cuando comencé como ministro no teníamos Presupuesto, había sido prorrogado y la Tarjeta Alimentar la puse en marcha a través de este instrumento”, recordó el diputado y ex ministro en el primer tramo de la gestión Fernández, Daniel Arroyo. “Lo que ha permitido la ley es dar prioridad y transferir al tema alimentario, en momentos de suba tan fuerte en el precio de los alimentos”, señaló.

Una sanción exprés

La emergencia alimentaria la venían pidiendo desde 2017, referentes como Arroyo y tomó fuerza -con impulso de las organizaciones sociales- tras las PASO del 11 de agosto, en que Fernández y Cristina Kirchner apabullaron a Macri-Pichetto con 47% a 32%, un escenario casi terminal.

El persistente Eduardo Belliboni con su Polo Obrero lideraba en esos días un acampe de 40 horas frente a Desarrollo Social contra «el ajuste del gobierno y del FMI». Entre sus reclamos contaba además de la llegada de alimentos a los comedores «la ampliación de programas sociales para los desocupados».

En setiembre, la emergencia alimentaria tomó velocidad: el 12 se aprobó en Diputados (222 a favor, ninguno en contra y 1 abstención) y el 18 en el Senado, por unanimidad.

Aunque aseguraban que la asistencia desde Desarrollo Social era suficiente, la estrategia del gobierno de Macri fue acompañar. Y sacarse rápido de encima ese capítulo incómodo, con una promulgación rápida. En la gestión Macri la pobreza había llegado a bajar a 25,7% en los primeros tiempos (5 puntos), pero tras la crisis financiera de 2018 que lo llevó a acudir al Fondo Monetario Internacional y a iniciar un duro ajuste, subió abruptamente 10 puntos en dos años (35,% para el segundo semestre 2019), lo que se vería reflejado en las urnas.

En ese mal clima para el gobierno, en Diputados Cambiemos facilitó incluso el trámite de la emergencia alimentaria, que no había pasado por comisiones.

Para celebrar la ley, al Congreso marcharon los piqueteros “cayetanos”, ya parte del Frente de Todos: la CTEP, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa.

Los fundamentos del proyecto de Emergencia Alimentaria citaban pactos internacionales con jerarquía constitucional. «Una pobreza y una indigencia en alza que castiga por igual a niños y niñas así como a abuelos y abuelas…. la presente ley busca garantizar el derecho a una alimentación adecuada», expresaban.

La realidad social

Según esos fundamentos, la pobreza había llegado a 32% al finalizar el segundo semestre de 2018, 6,3PP por encima que igual período de 2017. Y la indigencia había pasado de 4,8% a 6,7%. Estimaban un agravamiento para finales de 2019.

Según los últimos datos disponibles del segundo semestre de 2021: la pobreza afecta al 37,3% (bajó del 40% del semestre previo), y dentro de ese conjunto hay 8,2% de indigencia. A fin de setiembre se conocerá el dato del 1er semestre 2022, pero las proyecciones estiman que el cuadro se agravó por la inflación y la suba de alimentos.

– La desocupación, era del 10,1% en el primer trimestre de 2019; es 7% al primer trimestre de 2022, una baja del desempleo en su mayor parte de la mano de los asalariados informales («sin descuento jubilatorio»).

La pobreza multidimensional (que mide no solo en términos monetarios sino acceso a la educación, la salud, el hábitat, entre otros indicadores), según un informe de UNICEF que citaban los diputados que presentaron el proyecto, alcanzaba al 48% de los niños, 42% en términos monetarios (eran datos de 2018).

En noviembre de 2021 con datos al primer semestre de ese año UNICEF y sin dejar de considerar el impacto negativo de la pandemia de Covid-19 en la economía, indicaba que 54,9% de los niños y adolescentes estaban en situación de pobreza monetaria (7,2 millones). El 43,6% estaban afectados por privaciones no monetarias (5,7 millones) y 15,3% (2 millones) por privaciones severas.

Para el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, que depende de Presidencia de la Nación, la pobreza multidimensional afectaba al 54,9% de la población en el primer semestre de 2021.

– Otra cuestión que se argumentaba en la emergencia alimentaria de 2019, era que “tener un trabajo formal ya no garantiza salir de la pobreza, por la baja de los salarios y la pérdida del poder adquisitivo de los mismos».

La capacidad del empleo de “proteger” de la pobreza se redujo desde 2017, según el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata. Y ya al primer semestre de 2021 un tercio de los ocupados argentinos (31,5%) eran pobres, una suba de 5 puntos porcentuales desde finales de 2019 (26,1%), antes de la pandemia.

La canasta básica total era en julio de 2019 de 31.934 pesos en el GBA. Había subido 2,5% ese mes y 58,6% en el último año.

Esa canasta a mayo 2022 llegó a $99.677, para una familia tipo con dos hijos, con una variación interanual de 54,7% y una suba de 4,5% en el mes previo.

La inflación en la previa de la aprobación de la emergencia alimentaria, fue de 4% en agosto 2019 (disparada tras las PASO, ya que julio habia sido la más baja del año, 2,2%). La inflación conocida la semana pasada y correspondiente a junio 2022 fue de 5,3% (64% anualizada); va en ascenso y ya se proyecta que no será inferior a 7% en este mes, y superior a 80% en el año.

Cuando se sancionó la emergencia alimentaria, el kilo de milanesa de nalga, de oferta, se conseguía a $249 pesos, un litro de leche larga vida a $32 pesos y 4 rollos de papel higiénico de 30 metros calidad media, a $38. El dólar cotizaba a $62. El litro de nafta super costaba $44, y las petroleras presionaban por llevarla al equivalente a 1,2 dólar.

fuente: Clarin