Virtual secuestro de una mujer en nombre de la ley: habló la Procuración
La Jefatura de los fiscales provinciales, que conduce Jorge Canteros, tomó distancia de lo ocurrido. Muchos miran a Alcalá, que libró el oficio que pedía la "evaluación" de Casa.
La suerte de «secuestro institucional» del que fue víctima Gabriela Casa el lunes de la semana pasada en su vivienda del barrio Provincias Unidas hizo ayer que el jefe de todos los fiscales de la provincia, el procurador general Jorge Canteros, dejara taxativamente en claro que el brutal operativo se llevó a cabo sin ningún tipo de participación ni autorización del Ministerio Público Fiscal.
Jorge Canteros, procurador general del Poder Judicial. Ratificó que ningún fiscal autorizó el allanamiento del domicilio de Gabriela Casa ni su posterior sedación e internación forzada.
Aquel día, Casa, una empleada judicial de 42 años que venía denunciando violencia laboral en el ámbito de la Defensoría General del Poder Judicial, fue sacada por la fuerza de su domicilio, en un procedimiento policial que desplegó a unos veinte efectivos y varios patrulleros, más una ambulancia, a fin de internarla por la fuerza en la sala de Salud Mental del Hospital Perrando. Desde ese momento y hasta hoy, se le inyectan drogas para mantenerla sedada.
La excusa para semejante operativo era realizarle a Casa «una evaluación» a pedido de la defensora general, Alicia Alcalá, la titular del órgano judicial donde Casa había denunciado violencia laboral. La «evaluación» acabó siendo prácticamente un secuestro, que incluyó romper el portón de acceso a la vivienda y otras cuatro puertas de la casa.
SE ACHICA EL CÍRCULO
Tras la ola de repudios que levantó el hecho, ayer, nueve días después de lo ocurrido, la Procuración difundió un comunicado que expresa: «La Procuración General informa que el Ministerio Público Fiscal no tuvo intervención previa en los hechos que involucraron a Gabriela Karina Casa y que recién comenzó a actuar, una vez ocurridos, a partir de las denuncias radicadas en el Equipo Fiscal 3 a cargo de la fiscal Rosana Soto».
Agrega que esa fiscalía tramita tres expedientes relacionados con el escándalo. Pero lo más sustancial de la declaración es que confirma lo informado por NORTE: aquel lunes, la fiscal de turno no solo no autorizó el procedimiento previsto, sino que dijo claramente que no debía llevarse a cabo. Si pese a ello los policías ignoraron a la fiscal y decidieron seguir adelante de todos modos, ¿por qué fue? ¿El jefe de Policía les dijo que lo hicieran? ¿Hubo una orden de Alcalá? ¿Una combinación de ambas posibilidades? El círculo se va cerrando y, en algún momento, se sabrá quién dio la orden que generó una barbaridad.
fuente: Diario Norte
