Duro revés para el ex conjuez Aranda: confirmaron su procesamiento
Se trata de la resolución emitida hoy por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. El abogado se encuentra investigado como presunto miembro de una asociación ilícita que brindó protección e información a una organización narco de Sáenz Peña.
El exconjuez de Sáenz Peña, Miguel Aranda, recibió un duro revés de parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que confirmó su procesamiento –sin prisión preventiva-, en el marco de la causa por asociación ilícita vinculada a su presunta connivencia con una organización narco a la que aportaba información y protegía.
En declaraciones a NORTE a principios de este mes, Aranda se mostraba confiado en el resultado de su apelación, y había asegurado que «no existen pruebas» que lo vinculen a la investigación («Aranda, Miguel Mariano; Aguirre, Enzo Gabriel; Martin, Rafael Raimundo y otros por asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y otros»), e incluso señaló que detrás del proceso en su contra habría una política de «disciplinamiento» contra los jueces «molestos» motorizada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
Miguel Aranda durante una reciente entrevista con NORTE Play, en que negó todos los hechos.
Sin embargo, la resolución dada a conocer por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia echa por tierra este manto de sospechas y ratifica todas las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la delicada investigación que lo tiene acusado a él, a su cuñada y concuñado Clarisa Galissier y Rafael Raimundo Martin, y a dos gendarmes, Alberto Farías y Enzo Aguirre.
A través de 39 páginas, la resolución repasa el fallo dictado el 29 de diciembre de 2022 por la jueza federal Zunilda Niremperger en que se procesó sin prisión preventiva a Aranda, considerándolo integrante de una asociación ilícita en la que otorgaba protección al denominado «clan Sosa» de Sáenz Peña, esto luego de una investigación a cargo de los fiscales Diego Iglesias de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Patricio Sabadini, Federico Carniel y Carlos Amad, a raíz de una serie de hechos que levantaron sospechas sobre la posible connivencia, como ser reiterados operativos de búsqueda de individuos que se frustraron presuntamente por «filtraciones» internas. Además de los procesamientos, todos los implicados recibieron fuertes embargos en sus bienes.
«Valorados de tal modo los antecedentes de autos, en el entendimiento de que nos encontramos en una etapa intermedia del proceso y que es en la etapa del debate donde deberán despejarse los interrogantes que puedan persistir dada la complejidad de los hechos que constituyen la hipótesis delictiva en análisis, corresponde confirmar la Resolución venida a conocimiento. En todo cuanto fuera motivo de agravios», señala la resolución firmada por las juezas Rocío Alcalá y Patricia Beatriz García, que en su parte resolutiva indica: «confirmar la resolución recurrida en todo cuanto fuera materia de agravios».
fuente: Diario Norte
