Sandra Arroyo Salgado: “El narcotráfico ya está en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal”

Qué piensa usted del proyecto de reforma judicial que quedó varias veces varado en el Congreso?, ¿piensa que es necesario una reforma judicial, que tendría que ser en el sentido de lo que se está planteando o tendría que ser en otro sentido? Cuéntenos su propia visión de qué reforma requiere, si requiere alguna la Justicia. 

—En principio creo que sería inoportuno plantearnos una reforma en este momento, porque creo que las prioridades o lo que necesita la gente hoy pasa por otro lado, fundamentalmente por la situación económica, por la seguridad. Y lo que siento es que el ideal claramente sería el sistema acusatorio, pero en nuestro país su implementación ya ha demostrado los fracasos de este sistema, por lo menos del modo en que se implementó en la provincia de Buenos Aires. De hecho, por si los lectores no lo tienen claro, aquellos delitos que más afectan al ciudadano de a pie, como son los robos, robos con armas, homicidios, violaciones, delitos en general contra la vida y contra la propiedad, en los que se mata gente, pierden la vida, son los mayores hechos que conmueven a la opinión pública, deben ser investigados por lo que es la justicia provincial, donde rige en la provincia de Buenos Aires el sistema acusatorio. Y creo que es donde mayor reclamo hay de falta de justicia y de seguridad. Sí, siento que sería el sistema ideal que el Ministerio Público Fiscal lleve adelante la investigación, pero siento que eso demandaría un cambio y una necesidad presupuestaria muy importante para abastecer a las fiscalías del equipo que realmente necesitan los recursos para llevar adelante investigaciones, como en el caso del fuero federal son los delitos de crimen organizado. Hay una necesidad de recursos a nivel humano de los que el Ministerio Público Fiscal hoy carece. También me parece bastante delicado el tema de que, por ejemplo, la cabeza del Ministerio Público Fiscal hoy no es un magistrado que haya sido especialmente designado para esa función. Recordemos que desde que la doctora Gils Carbó renunció a su cargo, el cargo de procurador general de la Nación no ha sido cubierto y se encuentra el doctor Casal en forma interina. Entonces, me parece que todas estas reformas deben ir de la mano de una previsión. Una previsión y no que se ponga en funcionamiento, que se sancione sin que se resuelvan las cuestiones que, prioritariamente, en mi opinión, habría que resolver. Es decir, quién va a ser la cabeza del Ministerio Público Fiscal, el jefe de todos los fiscales y los recursos humanos y logísticos y de infraestructura que estas fiscalías necesitarían para llevar adelante investigaciones de la envergadura de la que estamos hablando.

—¿Usted no siente que los alegatos, especialmente del fiscal Luciani, generaron un punto de contacto natural con la importancia que tuvo la denuncia de Nisman, exponer con esa vehemencia, y si finalmente implica algún aprendizaje para la sociedad, por ejemplo, en el pedido de que se les refuercen las custodias a los fiscales de la causa de Vialidad, si lo mismo hubiera sucedido con el fiscal Nisman, la situación sería otra?

—Sí, sin duda siento que hay un contacto. Siento que muchos otros fiscales han trabajado en la instrucción. Creo que hay algo, y esto tiene que ver un poco con los tiempos que usted me preguntaba, que no sé si el ciudadano de a pie conoce cómo es nuestro sistema, en todo este tipo de investigaciones, hay una primera etapa que es la etapa de instrucción, de investigación, de recolección de las pruebas, que es fundamentalmente escrita, que la llevamos adelante los jueces federales de primera instancia. Si bien es como que se habla de una instancia única, pero los jueces federales tenemos y los fiscales en los casos de delitos, por ejemplo como secuestro extorsivo, lo dice la ley, que la instrucción está a cargo del fiscal o cuando el juez delega en el fiscal la investigación, es una etapa de recolección de pruebas, y una vez que se llega a despejar que habría personas que serían responsables de esos hechos que constituyen delitos, se emiten pronunciamientos que van probando la responsabilidad penal de esas personas en esos delitos, que sería el auto de procesamiento. Una vez que estas personas son elevadas a juicio, es ahí la oportunidad en la que frente a tres jueces, frente a un tribunal colegiado, se recrea toda la prueba de la acusación pública, esto es, de los fiscales y de los querellantes, si los hubiera, acusador privado que son las víctimas. Y de otra parte se recrean también las pruebas que ofrece la defensa. Hay una oportunidad también nueva de los imputados de declarar, de expedirse en declaración indagatoria, tal como hemos visto en el caso de Vialidad, que la expresidenta ha tenido la oportunidad de dar su declaración indagatoria. Y esta oportunidad la tienen todos los imputados hasta antes de los alegatos. Luego, cuando ya viene la instancia de alegatos, ya no es posible recibir una nueva declaración indagatoria, pero sí al cierre de los alegatos, de las réplicas y contrarréplicas, tienen la oportunidad nuevamente las personas imputadas de dar sus últimas palabras, previo a que el Tribunal Oral pase a deliberar y a dictar sentencia. Este paralelismo lo he encontrado en la vehemencia con la que el fiscal Luciani ha expuesto. No pude escuchar todos los alegatos en su integridad, sino por partes. Lo he visto con una vehemencia y una solidez, una firmeza muy importante en los pocos tramos que pude escuchar. Me parece una decisión muy importante, la de los jueces del Tribunal Oral, que este juicio se pueda dar a publicidad.

“Sería muy ambicioso decir que tengo poder. Siento mucha desprotección”

—Pongo un ejemplo más concreto, el fiscal Luciani tiene dos domicilios registrados y sin embargo no está en ninguno de los dos, la presunción periodística es que se lo protegió estando fuera del domicilio que estaba registrado. Usted, visto en retrospectiva, ¿cree que en el caso del fiscal Nisman no se tomaron las medidas de seguridad adecuadas para el grado de importancia que tenía la denuncia que estaba llevando adelante? 

—Sin duda. Creo que no estaba lo suficientemente bien custodiado, protegido o cuidado. Sinceramente yo estaba en el exterior, con lo cual todo fue muy sorpresivo. Además, estaba separada de él. Si bien nosotros nunca nos habíamos casado, éramos convivientes en aparente matrimonio, me encontraba desvinculada de él desde el mes de octubre del año 2011. De hecho, en el año 2012 él recibe amenazas muy graves en distintos meses, en el mes de agosto y noviembre, si mal no recuerdo. Luego nuevamente en febrero de 2013. Él estaba muy preocupado con estas amenazas. De hecho, me avisó para que refuerce la custodia nuestra, mía, de mis hijas. Pero la verdad es que uno como se dedica al derecho penal y toda mi vida hice carrera judicial en el fuero penal, no toma conciencia de que efectivamente esas amenazas puedan llegar a concretarse. No habíamos asistido a hechos tan graves como el que le pasó a Alberto Nisman, como hoy en día es mi preocupación. Y creo que los dirigentes políticos, no solo oficialistas, sino también de la oposición, no están tomando real dimensión y conciencia de la gravedad del avance del narcotráfico en nuestro país y de la necesidad de fijar como una política de Estado clara, la lucha contra el narcotráfico en todos los estamentos y en todas las regiones. Siento que no estamos mirando como debiéramos lo que está sucediendo en Rosario. Hubo recientemente un secuestro importantísimo de cocaína realizado por el doctor Adrián González Charvay, el juez federal de Campana con la Policía Federal, de un cargamento que salía a Dubai, según se dice, para abastecer el consumo vinculado al Mundial de Qatar. Esa exportación de ese cargamento de casi 1540 y pico de kilos de cocaína secuestrados tras los que estaba en su organización un señor muy conocido como el Tano Sofía, José Sofía, su hijo, que fue el autor de esas amenazas que le decía gravísimas que hubo respecto de mis hijas y yo en el año 2018, que la verdad es que no puedo creer y siento que no tomamos…

“En el plano personal, siento el deber de que esto se sepa y se conozca”

—Cuéntenos eso, doctora.

—Sí, le voy a contar porque realmente es lo que me está decidiendo a volver un poco a esta exposición y a tomar estos espacios que ustedes me han ofrecido durante todos estos años. A mí me cuesta mucho la exposición pública porque no estoy capacitada para esto, no fui preparada, no tengo un coach. Pero no puedo creer que después de lo que ha pasado con el fiscal Nisman, de las amenazas gravísimas que él tuvo, de lo que a él le pasó y de las amenazas gravísimas que recibió mi familia en el año 2018, después de las investigaciones importantísimas que llevé adelante en materia de narcotráfico, bien conocidas por mis superiores, por los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, hayan tomado las decisiones que tomaron en la investigación respecto de las amenazas que estaban destinadas no digamos a mí, que soy jueza federal, que elegí esta profesión, continuar desempeñandome en este juzgado tan difícil, sino que estas amenazas incluían a mis hijas menores de edad. En el año 2018 se reciben siete, ocho llamados al teléfono directo del juzgado a mi cargo, atiende mi secretaria privada, una voz masculina le pide insistentemente hablar directamente conmigo y niega identificarse. Mi secretaria le pregunta el motivo del llamado. Tampoco lo dice. Frente a la insistencia de mi secretaria se identifica con un nombre, pero mi secretaria le dice que si no da su nombre completo y si además no dice el motivo del llamado, no le iba a poder pasar conmigo, que además la modalidad es que él nos deje su teléfono y que la doctora se iba a comunicar. Para rechequear, esto lo hacemos desde que pasó lo de Nisman. Esta persona se niega a toda esta cuestión y pide entonces que le pase con una secretaria, que era la secretaria que tenía asignado el trámite de los casos de narcotráfico. Cuando esta secretaria lo atiende le dice que su interés era darle un mensaje para que se lo transmita a la doctora Arroyo Salgado, y el mensaje era que si la jueza no tomaba la decisión de liberar a la familia de otro narcotraficante, el señor Gustavo Sancho, iba a terminar como Nisman y mis hijas como Candela. El caso Candela creo que es…

—Bien conocido.

—Bien conocido. Tras lo cual corta la comunicación. Obviamente que ese mensaje llegó a mi conocimiento, que tras el tenor de estas llamadas nos pusimos a ver qué pasaba detrás, porque obviamente que lo que más me conmovía eran las amenazas a mis hijas. Entonces empecé a ver qué relación tenía este señor Sancho con el asesinato de esta chiquita Candela, y vi que efectivamente el señor Sancho había sido mencionado en esa investigación que al parecer, no recuerdo bien si era el papá o qué parte de la familia, adjudicaba al señor Sancho una especie de ajuste de cuentas, porque el papá de Candela había dado información para avanzar en investigaciones vinculadas al narcotráfico y habría hecho referencia al señor Sancho. Con lo cual mi preocupación era creciente. Denuncié judicialmente esas amenazas, en la esperanza de que mis colegas lo investiguen con la seriedad que considero que corresponde en todo caso en que hay una denuncia con amenazas tan graves…

—Y con el antecedente que usted está mencionando. 

—Pero no porque me sienta en una condición que merezco que las cosas sean investigadas con más seriedad, sino por el contexto, por mi función, por los antecedentes familiares, por lo que había pasado con el caso Candela. Tuve investigaciones de amenazas contra familiares, si mal no recuerdo, del secretario de Seguridad (Eugenio) Burzaco. Llegué al responsable, lo detuve, lo procesé, permaneció detenido. Era un personal policial de su custodia. También investigué amenazas graves contra el exministro de Educación (Esteban) Bullrich. Y a él le consta todo lo que nosotros hicimos en esa investigación, también allanamiento, detención. Entonces esperaba de mis colegas que actúen de modo semejante y efectivamente lo hicieron. El doctor Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, llevó adelante una investigación importantísima, supercomprometida. Hasta que pidió al juez Lino Mirabelli allanamiento, detención e indagatoria de este señor Sofía, advirtiendo que era un narcotraficante vinculado a Sancho, que trabajaba en el acondicionamiento y en el transporte de cargamentos de la entidad de la que ahora hizo el doctor Adrián González Charvay, a quien le debo el agradecimiento porque lo detuvo finalmente hace pocos días. Porque este señor Sofía estuvo en libertad desde febrero del año 2020 por decisión de los jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, el doctor Juan Pablo Salas, el doctor Marcelo Fernández, el doctor Morán, le han dado la libertad a este narcotraficante, porque el doctor Lino Mirabelli lo procesa con prisión preventiva en el mes de noviembre del año 2019, es decir, sostiene que había elementos suficientes como para considerarlo prima facie responsable del delito de amenazas coactivas. Ya no digamos contra mi persona, contra la de mis hijas también, porque uno acepta que no estoy trabajando en un banco. No quiero ofender, porque hay profesiones que son sumamente importantes, la docencia, por ejemplo, la falta de importancia que se le da a la educación de nuestros hijos, a mí me parece terrible que en nuestro país no se le dé la importancia que tiene. Pero lo cierto es que un docente se arriesga a muchas cosas. Hoy lo estamos viendo, las situaciones que se viven en los colegios, no solo de bullying, de pares, sino también los ataques, las agresiones que sufren los docentes de parte de padres, de parte de alumnos. Pero asumen otros riesgos distintos a los que asume un juez penal, digamos. En este caso se trataban de amenazas contra mis hijas y su mamá, que ya perdieron a su papá como consecuencia de amenazas graves por su función. Entonces, lo que menos esperaba era que mis superiores le den la libertad a esta persona frente al caudal probatorio que había en el expediente. Cierto es que no me constituí para actuar como parte querellante, pero justamente no me constituí por el temor que tenemos respecto a estas personas. De hecho, frente a otras decisiones que tomé el expediente de Sancho, la cámara, por ejemplo, esa misma cámara libera a la esposa de este señor Sancho, no hacia los hijos. Cuando vuelve a mi juzgado, considero y digo, si la cámara libera a la esposa, consideré que había una situación semejante respecto de los hijos, les doy la libertad a los hijos. Ocurre que el fiscal apela, va a cámara. La cámara me ordena a mí que los detenga. Cuando eso está pendiente de decisión, recibo en mi celular llamados de un prefijo de Santa Fe donde me respiran, y esto ya me había pasado en 2015. En pleno momento de un montón de situaciones intimidantes para mis hijas y para mí, para toda la familia, cada vez que alzábamos la voz de que algo había que hacer para despejar y llegar a la verdad en el caso Nisman. Y ese mismo día hay una balacera contra una fiscalía de Santa Fe, ahí me excusé de intervenir en el caso Sancho, porque dije ya no tengo la ecuanimidad, no puedo ser imparcial. Y me excusé. Por eso no me siento respaldada, como ya he dicho, por mis superiores, porque luego a los dos meses, en febrero de 2020 le dan la libertad a este señor Sofía. Siendo que, además, se lo está investigando como presunto autor del homicidio, de quien era su chofer de apellido Quinteros, que fue asesinado luego de que le cortaron una oreja, le vaciaron un ojo con una cuchara. Y a los dos meses asesinaron también a su esposa, que según surge de las investigaciones, era amante del señor Sofía. El señor Sofía estuvo, por decisión de estos jueces que acabo de nombrar, en libertad desde febrero del año 2020 hasta hace una semana, que como está demostrado por el hecho que ahora fue detenido, pudo llevar adelante la preparación de cargamentos de esta magnitud, que son acciones que no se hacen, no se deciden en un mes, son cargamentos de 450 millones de dólares, he leído por ahí en algún medio de comunicación, en Europa puesto en Dubai, con las mayores restricciones que hay, se incrementan esos montos. Imagínese que esto demanda toda una logística que no se hace en un mes y que implica la participación de una organización mucho más grande, que excede al señor Sofía.

“No hay una línea clara de política de Estado de combate al narcotráfico” 

—Y eso es lo que le hizo perder el miedo y volver a denunciarlo en los medios, lo que usted decía que no fue querellante también por temor inicialmente, y ahora cruza el Rubicón. 

—La verdad es que sería muy ambicioso decir que tengo ese poder de quien cruzó el Rubicón.

—En sentido metafórico me refiero. 

—Pero sí.

—Cruzar el suyo. 

—Justamente lo que siento es mucha desprotección. Siento que los medios son el cuarto poder, que tienen un gran poder, que condicionan, y bastante, el quehacer de los magistrados y funcionarios que les dan visibilidad a los temas. Siento que el principio de publicidad de los actos de gobierno es un principio muy importante, y que debe alcanzar a los tres poderes del Estado. Por eso celebro que el Tribunal Oral haga públicos los alegatos, que haga también públicos ahora los alegatos de los defensores.

—Usted se refiere al caso de Vialidad. Déjeme seguir con el tema de la droga. Lo que usted está marcando, y lo que está viendo, es que está llegando a la provincia de Buenos Aires, lo mismo que pasa hoy en Santa Fe, y que no tomamos conciencia de la gravedad de lo que significa el narcotráfico. ¿Entendí bien? 

—Sí, entendió perfecto. De lo que hay que tomar cabal conciencia es de que nuestro país ya se está cartelizando, y el narcotráfico ha avanzado hacia estamentos que exceden las fuerzas de seguridad. Ya tenemos un juez federal de Salta que fue destituido por vínculos con el narcotráfico. A mí me tocó investigar a un narcotraficante muy importante, Piturro Andrada, que también su hija fue de algún modo protegida por el fiscal Scapolan en una especie de arreglo, donde aparece el fiscal Scapolan en un video. Hablo porque fui apartada de esa investigación del fiscal Scapolan, fiscal de San Isidro, fui recusada y me apartaron en un procedimiento inédito. Y el juez federal de Salta, cuyo apellido a veces olvido, fue destituido.

“Quiero aclarar que no estoy acusando a Ritondo ni a los abogados de nada”

—Usted tiene ahí el caso de un juez en Salta, pero tiene el caso del fiscal Scapolan aquí, que además no solamente era él, sino una veintena de policías, de La Plata, Quilmes… 

—Sí, policías de alta jerarquía de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

—¿Esto no sucedía hace veinte años, cuando usted comenzaba su carrera no se encontraba este nivel de penetración del narcotráfico en autoridades policiales, judiciales?

—Se encontraba porque recuerdo mi primera experiencia con otro juez, Soto Dávila, que también fue destituido. Tuve un primer procedimiento en Casilda, Rosario, Santa Fe, en un campo donde literalmente llegó la Policía Federal por orden mía, porque veníamos en el marco de una investigación con un cargamento que iba a llegar a ese lugar, muy importante. Llega la Policía Federal e inmediatamente llega la Gendarmería, invocando una orden del juez Soto Dávila. Literalmente terminaron en un combate de fuerzas y el doctor Soto Dávila llamándome al celular del turno. Yo no tenía tanta experiencia, si mal no recuerdo creo que tenía un año como jueza federal, y estaba muy enojado y me transmitía que esa investigación era suya. Le dije que no tenía ningún interés en quedarme con ninguna investigación que no me corresponda. Lo único que le pedí fue que dejara que el personal que llegó en primer término, que era la Policía Federal, cumpliera con la orden que yo le había dado, el secuestro del cargamento y con las detenciones que había dispuesto. Y después, si su investigación era más antigua y corresponde, me iba a declarar incompetente. Certificamos los expedientes como es en el trámite judicial, las cosas no se arreglan telefónicamente, no hay declaraciones de incompetencia telefónicas. Tampoco correspondía que la Gendarmería nacional vaya a enfrentarse, a provocar un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad, a ver quién se quedaba con el procedimiento. Y así fue, su investigación era más antigua, me declaré incompetente, se detuvo a las personas que había ordenado que se detengan, se secuestró el cargamento, me declaro incompetente y se lo remito a él. Y después pasó la suerte que debía pasar en el juzgado, que fue años después destituido también por protección al narcotráfico. Lo propio que pasó con este juez federal de Salta, que no recuerdo su apellido. Pero pasó con el caso de Andrada, otro narcotraficante que también, en un trámite inédito, cuando elevo el expediente a juicio oral, un cargamento muy importante, también de cocaína acondicionada en camiones, que fue muy costosa toda esa investigación a nivel humano, porque estas investigaciones llevan meses de trabajo, horarios insólitos para nosotros, intervenciones telefónicas, seguimientos. Cuando se habla de que tal vez un cargamento se va a trasladar, capaz que es en días y horarios inhábiles, feriados, días de fin de semana.

—Cuando usted habla con sus colegas de Santa Fe, ¿qué le dicen, qué siente, se imagina eso en la provincia de Buenos Aires, de aquí a cuatro o cinco años? 

—Sí, si no se empieza a trabajar seriamente y se fija como una política de Estado el combate contra el narcotráfico. Siento que el narcotráfico ya está en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal. De hecho es lo que he visto con la investigación que tuve a mi cargo hasta que me apartaron, en el caso del fiscal Scapolan, está la política, está el Ministerio Público Fiscal y realmente hay pronunciamientos de jueces que uno no comprende, que uno los acata porque son superiores, pero que realmente, como juez de la instancia inferior, no veo que se esté respaldando a los jueces que tenemos la decisión de avanzar firmemente contra el narcotráfico y contra el poder que está detrás del narcotráfico, porque Sancho, por ejemplo, en su momento tenía vínculos, son empresarios que hacen sus aportes a las campañas. Tenía vínculos con el exgobernador Scioli, y son cuestiones que si el Poder Judicial no es realmente un poder, no está fortalecido y trabaja claramente contra el narcotráfico para combatir el narcotráfico con el Ministerio Público Fiscal… Lo que nos pasa en la provincia de Buenos Aires también es que rige la ley de la desfederalización, un delito de crimen organizado, que es como que el consumidor o la venta al menudeo es un eslabón más dentro de la cadena de tráfico. Lo investigan los jueces y fiscales provinciales, siendo que el narcotráfico a gran escala pasa por la justicia federal, ya esa fragmentación en la investigación va a contrapelo de querer avanzar verdaderamente en la lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico no conoce de fronteras, como está a la vista, menos va a conocer de distingo de competencia en razón de la materia. Esto hay que revisarlo. O sea, la desfederalización, promovida en su momento por el gobierno de Duhalde, va a contrapelo de cómo necesitamos investigar el narcotráfico.

“Nosotros estamos poniendo todo en riesgo, hasta nuestra vida”

—Doctora, quería entrar en el caso específico que la trajo nuevamente a los medios, que tiene que ver con la recusación que finalmente le hicieron por el caso de Scapolan. Hagamos una síntesis para legos de cuál fue ese proceso, había un fiscal, importantes funcionarios de la Policía Bonaerense, todos relacionados con el narcotráfico, cobrándoles extorsiones a los narcotraficantes, ¿qué es lo que pasó, que usted finalmente terminara recusada, y cuál es el contacto que la política tenía con estas personas que hicieron que usted fuera recusada? 

—Primero, lo que hay que aclarar es que la investigación respecto de esta organización, que estaría integrada por el fiscal Scapolan, funcionarios de su equipo de trabajo y más de una veintena de policías de alta jerarquía de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de la DDI de Quilmes, de La Plata, de Tigre, comienza por decisión de tres jueces de Tribunal Oral. Llegan investigaciones de narcotráfico a la instancia de juicio oral y los narcotraficantes terminan absueltos porque todo el procedimiento llevado adelante por el fiscal Scapolan, con los funcionarios que con él colaboraban y estos policías bonaerenses, es todo nulo. Y en consecuencia, estos jueces tienen el deber de absolver a estas personas porque era insostenible el modo en que se habían llevado adelante estos procedimientos.

—Deliberadamente. 

—En el juicio oral se pone al descubierto que, por ejemplo, faltaba la mitad del cargamento, donde los testigos del peaje dicen lo contrario de lo que dicen los policías. Entonces hay tres jueces del tribunal oral con rango de camarista, los doctores Alfredo Ruiz Paz, el doctor Díaz Cabral y la doctora Morgese Martín, que ordenan sacar testimonios de todo lo acontecido en el juicio oral de esas investigaciones importantes de narcotráfico y lo envían a la Justicia Federal de San Isidro para que investigue qué pasó con esos procedimientos, que en realidad…

“No hay una independencia firme, no se respeta el espacio del Poder Judicial”

—Por ejemplo que faltaba la mitad del cargamento. 

—Claro, ese es el caso de Leones Blancos, por ejemplo. Y acá entran los sucesos de sicariato, que también son ya moneda corriente en la provincia de Buenos Aires, y parece que les pasan inadvertido a los políticos de uno y otro lado de la supuesta grieta, y también al Poder Judicial. No sé si recordará el asesinato de Guastini, era un asesor financiero, una persona que estaba imputada porque lavaba dinero del narcotráfico. Por ejemplo, en el caso Leones Blancos, la cantidad de irregularidades que se detectan tiene que ver con que Guastini, en el marco de otras investigaciones en las que él estaba imputado, declara como arrepentido y da información, que después explica lo que el Tribunal Oral sospechó. Por ejemplo, en esta causa de Leones Blancos faltó la mitad del cargamento, Guastini declara que en realidad es él quien le da a la Policía Bonaerense la información de que ese cargamento va a bajarse de una quinta en Moreno, que tenía leones blancos, por eso se llama al procedimiento Leones Blancos, que iba a bajar a Boulogne, por camino del Buen Ayre, Panamericana, de hecho se los detiene ahí, al cargamento, frente al shopping Soleil. Entonces Guastini, el 27 de diciembre del año 2013, llama a uno de los policías bonaerenses de la DDI de Quilmes, el sargento Baeta, todo esto está probado con las antenas telefónicas, dónde impactan, dónde estaba Baeta cuando recibe ese llamado de Guastini, recibe ese llamado donde le da la noticia del cargamento. Él estaba con el titular de la DDI, el señor Di Rosa, que inmediatamente lo llama al fiscal Scapolan, siendo que no era habitual que hablen entre ellos. Hacía como siete u ocho meses que las antenas no se conectaban, no había comunicación. Inmediatamente después de ese llamado que Baeta recibe de Guastini, se dirige rumbo a las cocheras de Guastini, que tenía una financiera en la calle Florida, en el microcentro porteño. Su celular va activando celdas en todo el recorrido hasta que llega a las cocheras. Entonces sigue a los narcos, lo que hizo Guastini fue entregarle, seguramente con un interés económico, esa información a Baeta, que hace el seguimiento, llega a la quinta de Moreno, y el día 30 de diciembre nuevamente hay una comunicación de un personal policial de la DDI de Quilmes con el fiscal Scapolan, una hora antes del supuesto llamado anónimo, que después se descubrió que no existía tal llamado anónimo, que es el que en teoría le avisa a la Bonaerense que iba a bajar un cargamento en ese horario, ese día. Finalmente, falta la mitad del cargamento, con el fiscal y los secretarios ahí presentes. La cámara nuestra les da más crédito a los dichos de uno de los narcotraficantes que dice, por ejemplo, que los secretarios estuvieron cinco minutos ahí y poco tiempo, pero que además el cargamento ya se había trasladado, siendo que los empleados del peaje dicen que no, que lo primero que se hizo fue la detención de las personas y que el desplazamiento del cargamento se hizo mucho después, con lo cual sitúa a los funcionarios en el lugar. A ver, si no hay una conducta deliberada, cuanto menos hay una falta de idoneidad para continuar en el cargo si me roban medio cargamento de tal magnitud. Entonces, los policías fueron procesados con prisión preventiva por decisión mía y fue confirmado por la cámara. Los funcionarios, los secretarios, fueron declarados en falta de mérito por la Cámara. Y cuando llego también al procesamiento del fiscal Scapolan, soy apartada de la investigación. Realmente no tenía ningún interés especial en investigar a toda esta organización. De hecho, en un comienzo me había excusado por los dichos de un informante que, como tantas otras personas en los expedientes en trámite ante mi juzgado, tratan de aprovechar lo que ha pasado en mi familia, tratando de generar intrigas de cuestiones que puedo haber resuelto o conocido, a raíz de mi relación con Nisman. Entonces, cuando introdujeron esta cuestión, me había apartado porque este informante hablaba en términos sumamente agraviantes respecto de mi persona. Para evitar toda sospecha sobre mi imparcialidad, me excuso y es la cámara la que me obliga a actuar. Entonces, cuando actúo, investigo, avanzo, allano, detengo a los policías, allanamos la Fiscalía de San Isidro que además, párrafo aparte, su competencia material es para la venta al menudeo, no para cargamentos de esta magnitud. No debieron haber aceptado esa intervención. La debieron haber derivado a la justicia federal.

—Si interpreto bien lo que usted nos está llamando la atención y denunciando es que el narcotráfico no solamente atravesó el Ministerio Público Fiscal, las distintas policías, sino también cruza la política a través de la grieta transversalmente, en cada uno de los gobiernos. Porque mencionaba recién a Scioli y al mismo tiempo, en el caso de Scapolan, personas que trabajaban con Ritondo, y por lo que puedo entender, lo que marca es que estamos frente a un fenómeno que es transgrieta, que atraviesa toda la política argentina, que se cruza un límite que no existía hace veinte años, donde a lo mejor había aisladamente algún funcionario judicial que no era probo, pero que hoy ya llegó a los más altos estamentos de la política. 

—Al fiscal Scapolan lo pone el fiscal Novo, que terminó renunciando a su cargo en medio de, también investigaciones judiciales que estuvieron a mi cargo vinculadas a todo lo sucedido en torno a aquel cargamento que fue a España, del que fueron responsables y detenidos los hermanos Juliá. Todo lo ocurrido en derredor del doble crimen de Unicenter, investigado en un principio y durante muchísimos años por la justicia provincial, siendo que materialmente desde el día uno se sabía que ese homicidio, por las personas de que se trataba y fueron víctimas, estaba íntimamente vinculado con el narcotráfico a otra escala. Novo, que tenía bastante protección política, en su momento de la exprocuradora provincial, la doctora Falbo, que había sido abogada del actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Novo era un fiscal muy cercano a otros políticos. Acá quiero aclarar un punto, que no quedó claro porque en un programa de televisión donde hice referencia a excolaboradores del exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ritondo, no quedó claro. Los abogados defensores de Scapolan son los doctores D’Angelo y Linfante, no es el doctor Marcelo Rochetti. Ahora D’Angelo es socio del doctor Rochetti en muchísimos casos y defensas que llevan adelante. Sin ir más lejos, la de este joven Nahuel del sur, que fue asesinado por el grupo Albatros de la Gendarmería Nacional. Ahí el principal imputado tiene de abogados defensores al doctor D’Angelo y al doctor Rochetti. D’Angelo y Linfante, como abogados de Scapolan, me recusan. Su recusación no prospera, pero claramente todos los imputados, porque estamos hablando de una organización, de hecho, los había procesado con prisión preventiva a todos por integrar una asociación ilícita, que la cámara deja sin efecto esa calificación. Pero no estamos hablando de personas que no se conocen y que no estaban organizadas para realizar los hechos que se les estaban imputando. Entonces, también los abogados manejan una estrategia en común y quien tiene éxito en su recusación es el doctor Cuesta, que es el letrado defensor de Maximiliano Jarisch, uno de los secretarios, junto a Sanvitale, de la fiscalía del doctor Scapolan, quien es puesto a cargo de la UFI especializada en drogas para investigar los casos de menudeo, que son los que le competen en realidad a la justicia provincial. Scapolan es puesto por el ex fiscal general Novo. Prospera la recusación de Juan Manuel Cuesta, después de un procedimiento inédito que lo dije en reiteradas oportunidades, porque realmente también es bastante desalentador. Y creo que esto es porque no hay una política de Estado firme y clara del poder político vigente, ni de la oposición de luchar contra el narcotráfico a gran escala.

“Cuando llego también al procesamiento del fiscal Scapolan, soy apartada de la investigación”

—Ni del oficialismo ni de la oposición. 

—Y, no la he visto. En abril de 2014, viajé a Mérida, Yucatán, con el fiscal Domínguez y dos gendarmes, y secuestramos más de dos toneladas de cocaína líquida que habían salido del puerto de Buenos Aires, dentro de transformadores en un container. Fue un procedimiento que se silenció, no tuvo repercusión. Había una denuncia de la DEA. Había sido judicializado por el área de narcotráfico de la Policía Federal, en el Juzgado Federal de Morón estaba archivado el expediente. Nosotros llegamos por otras vías a un depósito en Haedo donde se acondicionaban los transformadores y había un mexicano ingeniero químico, que trabajaba en ese acondicionamiento para que superara ciertos controles de radar. Entonces, nosotros estamos poniendo todo en riesgo, hasta nuestra vida. Me solidarizo siempre con las víctimas y he revisado mucho de mi actuación.

—¿A quién le atribuye, doctora, que sus superiores actúen de esa manera? 

—A que no hay una independencia firme, no se respeta el espacio del Poder Judicial. Lo estamos viendo con estas recientes declaraciones del Presidente. Lo que el ciudadano de a pie hoy pide es que cada funcionario haga lo que tiene que hacer, que el Poder Ejecutivo con sus ministros se dediquen a administrar bien el país, que es lo que más necesitamos, y que deje que el Poder Judicial trabaje en lo que tiene que trabajar.

—A ver si lo entiendo, cuando se refiere a sus superiores se refiere también, por ejemplo, a Casación, que fue quien dio la recusación.

—El doctor Mariano Borinsky en dos oportunidades declara la nulidad del pronunciamiento del juez Marcelo Fernández, que me confirma a cargo del expediente. El doctor Borinsky, que sabemos que ha tenido sus cuestionamientos y no sé si tiene en trámite pedidos de juicio político, por la relación que tenía de asiduidad en su trato con el expresidente Macri. Entonces lo que quiero aclarar, porque hay un malentendido, es que nunca dije en aquella entrevista televisiva que el doctor Rochetti fuera abogado defensor en la causa Scapolan. En realidad, cuando lo mencioné, aclaremos que D’Angelo también fue asesor de Ritondo en el Ministerio de Seguridad, como también fue asesor del intendente Ducoté, que hoy está procesado y elevado a juicio por administración infiel, por decisión e investigación del doctor González Charvay. Entonces D’Angelo también fue asesor de Ducoté, de Ritondo, y Rochetti fue asesor en la Legislatura, fue asesor en el Ministerio de Seguridad y cuando mencioné al doctor Rochetti es porque él también consiguió de la Cámara de Apelaciones de San Martín, fue decisión del doctor Lugones, camarista y además miembro del Consejo de la Magistratura. Me aparta en otra investigación donde sí es abogado el doctor Rochetti, que es una investigación donde…

“No tengo miedo y no voy a tener miedo nunca porque, si no, dejaría el cargo en el que estoy” 

—Doctora, permítame bajarlo a los legos el tema de derecho, usted lo que plantea es que sus superiores, que también integran el Poder Judicial, no tienen independencia suficiente frente a la política. Cuando usted dice que el Poder Ejecutivo, que la política, acepte la independencia de la Justicia, sus superiores son del Poder Judicial. 

—A mí hay cosas que no me constan, pero por ejemplo, se ha dicho que varias de estas decisiones tienen que ver con distinto tipo de presiones en los trámites de juicio político. Nunca vi declaraciones de nulidad, un trámite que se diga lo que se dijo en esas nulidades.

—Esos jueces, sus superiores, están siendo presionados por los políticos. 

—Se habló de una visita de Malena Galmarini, dicho por propios funcionarios de la actual intendencia de Tigre, de una visita a la Cámara de San Martín. No me consta, pero sí me lo han transmitido propios integrantes del municipio de Tigre. Y con respecto al doctor Rochetti, lo que quiero aclarar es que él es abogado defensor de una persona que me encontraba investigando hace tres años por denuncia del doctor Mario Villar, titular de la Procelac, en una causa de lavado de activos vinculadas a transferencias y triangulaciones con varios clubes de fútbol, de jugadores de fútbol, donde tuvo incluso trascendencia mediática en México, porque está vinculado al lavado de activos proveniente del narcotráfico. La hipótesis que cuanto menos se plantea, yo le había delegado la investigación al fiscal federal Domínguez, yo no estaba a cargo de la investigación, estaba actuando como juez de garantías. Quien lleva adelante la investigación es el doctor Domínguez. Ahora bien, cuando la Cámara me aparta por decisión del doctor Lugones, el que lo plantea es Marcelo Rochetti. El juez que me reemplaza sube a un sistema que es Lex 100, todos los legajos de investigación. Incluso aquellos que en una investigación seria debieran mantenerse reservados para poder avanzar. Trabajo de ese modo, para mí el secreto de sumario es una norma vigente. No ocultarle a la defensa aquello a que tiene derecho a acceder y tiene acceso como parte al expediente, pero sí hay herramientas procesales para evitar que se ponga en riesgo el avance de una investigación.

“Hay que encarar una política de Estado contra el narcotráfico y la corrupción”

—Lo que usted denuncia finalmente es que percibe un accionar benévolo con el narcotráfico de sus superiores, y asume que puede tener que ver con la relación o las presiones de sus superiores con políticos de todo tipo, porque menciona a Ritondo, Scioli, Aníbal Fernández, Malena Galmarini, está cruzado en todas las fuerzas políticas una presión hacia los camaristas y a los miembros de casación por parte de la política. 

—No digo que todos estén presionando a todas estas personas. Lo que sí digo es que  hay mucho temor, pero si tienen temor, no pueden estar en los cargos que están. Porque no es un momento para tener miedo, me parece que no es un momento para actuar con tibieza. Y que además no es algo que perciba yo. Le pregunto a usted, después de este resultado de la detención de este señor Sofía involucrado en este cargamento, y le preguntaría a cualquier lector de su matutino, qué piensan de que una persona haya…

—… estado dos años y medio en libertad. 

—Haya estado dos años y medio en libertad siendo que después, cuando vuelve a la cámara, mi colega, el juez Lino Mirabelli, lo vuelve a procesar, pero esta vez sin prisión preventiva. O sea que Sofía siguió en libertad porque lo volvió a procesar, porque Domínguez reforzó las pruebas. Consiguió aún más pruebas que demostraban que era Sofía muy probablemente el autor de esas amenazas. Mi colega lo procesa, pero sin prisión preventiva porque considera que había estado a derecho todo este tiempo, que no hay riesgos. Sí, la verdad que hay riesgo de fuga, riesgo de entorpecimiento, no hay. Pero creo que es muy grave que amenacen a un juez federal y a sus hijas menores de edad, invocando hechos de homicidios, como fue el de Candela y el de Nisman. Entonces me pregunto si esos jueces se pusiesen en mi lugar, cómo estarían ellos con decisiones como las que debo acatar.

—¿Usted, por ejemplo, habló con el doctor Lugones y le planteó este tema? 

—No, porque es mi superior.

—Y se lo pongo en otro punto. 

—Siento que no hay nada que hablar. Pero no, sería un alzamiento respecto de ellos. Son decisiones que puedo aceptar en el plano funcional, ahora en el plano personal, siento el deber de que esto se sepa y se conozca. Porque a mí, mis superiores y no a mí, a mis hijas, las han puesto en riesgo. Y ahora lo confirmo con el procedimiento del doctor Adrián González Charvay, a quien le estoy muy agradecida. No tengo miedo y no voy a tener miedo nunca porque si no, dejaría el cargo en el que estoy. Entonces tomo mis recaudos. Sin duda mi vida no fue la misma después de que liberaron al señor Sofía. Primero, no fue la misma después de que pasó lo que pasó con Nisman. Después recibo amenazas graves. No claudico en mi tarea, en mi labor, en mi deber funcional. Investigo seriamente y a conciencia y avanzo contra quien corresponda avanzar sin importarme el poder económico, el poder político. Si no, tengo que renunciar a mi trabajo.

—Recuerdo en alguna de las entrevistas que le hice al presidente de la Corte, donde el doctor Rosatti decía que si se tenía miedo había que renunciar, usó exactamente el mismo término que usted utilizó. Y el doctor Rosatti, junto con otros miembros de la Corte, fueron a Santa Fe a dar apoyo y hacer visible la situación de los jueces y los fiscales de la provincia de Santa Fe. ¿No cree que es momento de hacer algo parecido con los jueces y fiscales de la provincia de Buenos Aires y del sector por lo menos más urbano, de la provincia de Buenos Aires? 

—¿Cambió algo después de esa visita?

—Supongo que no. ¿Y qué habría que hacer entonces? 

—No fui a esa visita. No fui convocada primero porque no formo parte de esa asociación de jueces federales que lidera el doctor Ariel Lijo, no porque no me hayan invitado, sino por decisión mía, porque no comparto la mística, por decirlo de algún modo. No comparto el estilo de trabajo de varios de mis colegas que forman parte de esa asociación y fundamentalmente de quienes la lideran. Porque no puedo hacer la vista a un lado de cosas que veo en los expedientes. Entonces quiero ser consecuente con mi postura. Para mí lamentablemente eso, al no haber cambiado nada, fue más una muestra de debilidad, algo declamativo, más que operativo. O sea, creo que llegó el momento en que todos, los políticos, los jueces, los fiscales, hablen de lo que hay que hablar, que no perdamos más el tiempo, y que se fije como una política de Estado auténtico la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, porque están íntimamente vinculados. Entonces, estamos en un momento que es bisagra para la sociedad, porque hay muchísimas familias que no quieren que sus hijos sigan enfermándose. Tengo hijas adolescentes y veo lo que pasa. Por un lado hay mucho desconocimiento, hay padres que hasta les dicen a sus hijos que un porrito no es nada. Perdón por el término chabacano. O sea, un cigarrillo de marihuana no es nada, tienen mucha desinformación. Me gustaría que a este espacio usted pueda convocar a un neurólogo, a un psiquiatra y puedan explicarles a esos padres que confían en que es como si se sobrepasan con un poco más de alcohol. En realidad, en las psiquis débiles pueden desencadenar enfermedades psicóticas que no tienen vuelta atrás. Brotes psicóticos, esquizofrenia, según me interioricé y me informé de parte de quienes saben, yo no sé de esto. Pero me han dicho que hay casos de personas y he tenido el caso de un chico que luego hacía amenazas de bomba, que hasta se ha desalojado Unicenter, lo ha hecho contra Lolapalooza, y terminó con una enfermedad de esta naturaleza como consecuencia del alto consumo de marihuana. Entonces se comienza, pero frente a una psiquis débil desencadena brotes psicóticos que no tienen vuelta atrás, no hay una regresión, tienen que estar con medicación de por vida. Entonces eso es el porrito. Después tenemos las drogas sintéticas, la pastillita que parecen las fichitas de los juegos de Hello Kitty, he tenido el primer secuestro de magnitud de pastillas de diseño, de drogas sintéticas, de MDMA, de éxtasis. Eso es totalmente nocivo para la salud. ¿Entonces los padres queremos que nuestros hijos se sigan enfermando? Que terminan como personas que no pueden desarrollarse como adultos con su psiquis sana. Estudiar, trabajar, progresar, formar una familia. Ese es su deseo. El consumo de drogas los enferma, y trae muchos delitos asociados el narcotráfico. Lo he visto en México, lo he palpado cuando viajé, el terror que tenía la fiscal frente a nuestra insistencia en requisar esos transformadores.

—La fiscal mexicana. 

—La fiscal mexicana. Los escáneres no detectaban la droga, porque había sido acondicionado por un ingeniero químico mexicano, que se agarró a los tiros en Belgrano, en mi primer procedimiento, se atrincheró a los tiros. La fiscal mexicana me dice: ¿pero allá cómo son los abogados en estas causas de narcotráfico? Y a mí me quedó grabado porque no era tan consciente, esto aclaro que fue en abril de 2014. Para mí hubo un antes y un después de Nisman, donde empecé a prestar atención, que hay abogados y abogados.

—¿Y cuando le decía cómo son los abogados allá, qué le contaba, cuál era la diferencia de cómo eran allá?

—Porque allá es como que los abogados eran parte integrante de la organización y a veces actuar de cierto modo tenía sus vueltos, en México ya sabemos la realidad que tristemente se vive. No era muy consciente, de hecho hay algunas fotografías de ese procedimiento. A mí me pusieron custodia, pero era como que no me podía mover casi, ni ir al baño, por los fusilamientos que había cuando se hacían esos procedimientos, esto era con apoyo de gente de la SIDE, de la Policía Federal, con vínculos de gente que estaba ya trabajando en estos cargamentos en Rosario, y con vínculos al Cártel de Sinaloa, acá en Argentina, operando en Argentina. El doble crimen de Unicenter se despejó, fue a manos de barrabravas del Club Boca Juniors. Si usted bucea un poco sobre quiénes tuvieron a su cargo la seguridad del Club Boca Juniors…

—Déjeme hacer un corolario, usted recuerda que los griegos sostenían que no existía el mal sino la ignorancia, y que muchas veces el mal estaba asociado a la ignorancia. Obviamente, esa postura más ingenua no la ha tomado toda la filosofía a lo largo de la historia. Pero hay dos miradas. Por un lado, uno podría decir aquí que estos superiores suyos, que son volubles a las presiones de los políticos, los políticos que presionan a sus superiores y reciben favores de estos narcotraficantes a través de, podríamos decir, pantallas que permiten crear un firewall entre quien es el narcotraficante y el político que recibe un apoyo de una campaña, ¿pueden tener ignorancia de la gravedad de la situación? Esa es una de las hipótesis, y la otra es directamente que tienen una convivencia, un contubernio con el narcotráfico. Déjenos un mensaje final. Entiendo que usted lo que viene a denunciar es ese tema. ¿Dónde está la raíz del problema, la responsabilidad de quienes tienen más responsabilidad, que son sus superiores y los políticos?

—El mayor problema es la falta de educación y la crisis de valores y de principios que atraviesa toda nuestra sociedad, en todas las instituciones y en todos los estamentos de la sociedad. La falta de educación en valores, en principios, la falta de conciencia de que este país se puede tornar intransitable. Siento que hay como una postura de sálvese quien pueda.

—O sea, primero ignorancia. 

—Sí, porque no se está capacitando a los jóvenes, por ejemplo.

—Me refiero ignorancia respecto de la gravedad de la situación. 

—Y tampoco se capacita a los jóvenes en las consecuencias que tiene para su propia vida, para su salud, el consumo.

—Primero serían las autoridades. 

—No hay una línea clara de política de Estado de combate al narcotráfico.

—¿Fue distinto del gobierno de María Eugenia Vidal, hubo un combate al narcotráfico distinto, hubo conciencia en ese sentido? Porque cuando vemos lo de Ritondo parecía ser una contradicción.

—No estoy acusando a Ritondo, quiero aclarar, ni a los abogados, de nada. Lo que estoy diciendo es que ya no hablemos de decretos vigentes y leyes que nos imponen a los funcionarios que estuvimos en funciones, que una vez desvinculados del cargo, no podemos por cierto lapso de tiempo trabajar en ciertas cuestiones vinculadas a nuestra profesión.

—De Ritondo, que ya había dejado de ser parte del Ministerio de Seguridad. 

—Hay asesores que, si estuvieron en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a los seis meses defender personas imputadas por vinculaciones al narcotráfico donde están implicados policías de la provincia de Buenos Aires es, cuanto menos, éticamente muy reprochable.

—Permítame salir de una persona en particular, porque era Ritondo por un lado, también era asesor de Monzó, hablábamos de un juez de casación que tenía relaciones con Macri, es decir, no es una persona en particular, sino es el sistema político en general que penetra en todas las áreas del sistema político. 

—O sea, a los jueces los designan los políticos, los camaristas que han tomado esta decisión de liberar a este narcotraficante, no obstante la gravedad de las amenazas realizadas y el caudal probatorio que había, que cierto es, se podía profundizar aún más, pero con el que había era suficiente, en mi opinión, lo digo como persona, como víctima, no me constituí como parte, con lo cual no tengo derecho a agraviarme, pero sí a haber tomado recaudos sobre esto, porque este señor seguía en libertad. Entonces, a esos jueces, a esos camaristas, los ha designado el macrismo, ellos entraron en funciones con el macrismo, que a veces son cosas que uno no entiende. Nosotros tenemos una asociación de magistrados y funcionarios que tiene tres listas. Están todas vinculadas a la política, totalmente politizadas, no pertenezco a ninguna. Y estos camaristas, pese a que alguno de ellos es de la lista celeste, que sería la lista más que suele defender ciertas posturas vinculadas al kirchnerismo fueron designados durante la gestión del macrismo. Es verdad que hay un concurso público de oposición y antecedentes, pero luego en la terna la decisión es política, finalmente. Entonces lo que me parece a mí, el único mensaje que creo que estoy en condiciones de dar es que…

—El mensaje finalmente es a los políticos, son los políticos los que designan a los jueces. Entonces yo entiendo bien su mensaje, es a los políticos: no tienen idea del lío en el que se están metiendo. 

—Que tengamos una política de Estado clara, de lucha contra el narcotráfico y que nos dejen a los jueces que queremos trabajar, no siendo un sello de goma, porque a mí la zona de confort de ser juez federal no me interesa, porque si estoy ahí, es porque tengo vocación. Entonces que nos dejen trabajar en lo que a nosotros nos corresponde trabajar. Y los políticos que hagan política, que hagan gestión, que administren, que recuerden cuáles son sus deberes y funciones, lo que pueden y lo que no pueden hacer. El 99 y 100 de la Constitución Nacional le dice muy clarito al Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer. Y el 109 también le dice lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo, que es inmiscuirse en las funciones del Poder Judicial.

—Hagamos el corolario, volviendo al principio, esto comenzó con el tema del presidente Alberto Fernández, opinando en la causa de Vialidad, haciendo un parangón entre el fiscal Luciani y el fiscal Nisman. Y ahora lo que nos encontramos es que en el tema de narcotráfico finalmente intervienen haciendo lobby de personas que están conectadas con el narcotráfico, sobre los camaristas o los tribunales superiores, casación. O sea, concretamente lo que vemos es que en el caso de lo del presidente Fernández sobre Luciani, como en estos casos que usted menciona de narcotráfico, está el mismo problema, ¿interviene la política sobre la Justicia? 

—Sí, creo que eso lo estamos viendo todos lamentablemente. Como parte del Poder Judicial, siento que tenemos que hacer honor al cargo que tenemos y al poder al que pertenecemos y fortalecer el Poder Judicial. No es que los cargos nos dan a nosotros una honorabilidad por encima del resto. Nosotros tenemos que honrar el cargo, así como el Presidente debe honrar su cargo, porque su voz, su palabra, tiene un peso muy distinto a la del resto, es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, con lo cual expresiones imprudentes pesan, y mucho.

—Derraman. 

—Claro, derraman, como nos pasa a todos los que nos desempeñamos en el ejercicio de la función pública. Por eso quiero aprovechar este espacio para aclarar y le agradezco que me haya dado la oportunidad. Si hubo cuestiones que no dije claramente y que ensuciaron la imagen, el nombre, la trayectoria, el prestigio, no es mi intención perjudicar la carrera política de nadie, sino que todos los políticos, justamente que todos tomen conciencia y que encaremos una auténtica política de Estado contra el narcotráfico y la corrupción, porque si no, nuestra sociedad va cada vez más a caer en todo este escenario de cartelización y escenas de sicariato, y fuga de talentos de todos aquellos jóvenes que quieren estudiar y trabajar honesta y dignamente en un país que tiene una gran riqueza, y que evidentemente no se está sabiendo cómo administrar por las distintas gestiones.

fuente: Perfil