Política

IEASA: la empresa estatal que maneja la energía en el país y está en manos de La Cámpora

Agustín Gerez - IEASA
Agustín Gerez (en el centro) el presidente de IEASA, la empresa de energía del Estado argentino.

Con una sigla no muy conocida, IEASA, la ex ENARSA rebautizada Integración Energética Argentina Sociedad Anónima, se convirtió en la empresa del estado más estratégica hoy por su rol clave en la política energética. Maneja una caja millonaria que está en manos de La Cámpora. Su titular, desde febrero del 2021, es Agustín Gerez, un santacruceño de 36 años que responde políticamente a Federico Basualdo, el subsecretario de Energía que el ministro Martín Guzmán nunca pudo echar. Su incorporación se sumó a la de los “cristinistas” Pablo González en YPF, y el neuquino Darío Martínez como secretario de Energía.

IEASA es la empresa que se ocupa tanto de la compra de gas natural y su comercialización a nivel local, como de la producción y comercialización de energía eléctrica, y la ejecución de todas las obras de energía realizadas desde el Estado. Entre ellas, el proyecto “estrella” es la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que ayer inauguró el presidente Alberto Fernández, pese a que la obra recién comenzaría en agosto. El Presidente habló con Martínez a su lado y Basualdo enfrente suyo, en primera fila, en un intento por mostrar unidad en el Gobierno en el anuncio. En el acto en Loma Campana, la mayor operación de gas no convencional de YPF, también estuvo Gerez, aunque este último con perfil bajo. Pese al rol estratégico que ocupa, su nombre no fue incluido en la gacetilla oficial enviada por el gobierno nacional.

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Alberto Fernández, en la inauguración de la obra del gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta

Con una inversión total prevista de USD 3.400 millones en dos etapas, el gasoducto es la principal obra energética de las últimas décadas para el transporte de gas natural por ductos, fundamental para ampliar la capacidad de evacuación del gas no convencional que se produce en Vaca Muerta hacia el este del país. La obra – que arrastra una demora desde el gobierno de Mauricio Macri – fue concesionada a IEASA en febrero de este año por 35 años. Se trata de un proyecto clave para el país que permitiría destrabar el “cuello de botella” del shale gas del yacimiento neuquino, cuya producción aumentó, y que hoy no puede llegar hacia donde están los principales centros de consumo.

IEASA tiene a cargo también, entre otras obras, la terminación del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) y la construcción de las demoradas centrales hidroeléctricas en Santa Cruz. Estas represas, rebautizadas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic (por el ex gobernador santacruceño), deberían haber comenzado a producir energía a comienzos de 2020, pero quedaron trabadas en medio de cuestiones geopolíticas, técnicas y del financiamiento acordado con China.

El proyecto fue estimado, hace seis años, en USD 4.714 millones pero fue interrumpido en los últimos dos. Desde entonces, el Gobierno argentino busca reactivar los desembolsos chinos, y en el medio, recibió a mediados del año pasado un pedido de salvataje financiero de $17.300 millones. La obra, liderada por la china Gezhouba, tiene como socios locales a Electroingeniería, de los empresarios kirchneristas Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, y a Hidrocuyo.

Cual pulpo en materia energética, la empresa en manos de La Cámpora también maneja la comercialización de la energía producida por las represas de Yacyretá y Salto Grande, además de las interconexiones con Uruguay, Brasil y Paraguay.

La empresa estatal tiene bajo su órbita, además, la importación de cargamentos de gas natural licuado (GNL) para cubrir los picos de demanda invernales que llegan en barco. Se trata de una operatoria que en lo que va del año ya le implicó unos USD 800 millones por la compra de 9 barcos, y que explica gran parte del déficit en el balanza comercial energética que este año llegaría a USD 5.000 millones, según los expertos consultados por Infobae.

A su vez, IEASA le compra gas natural a proveedores locales y a Bolivia a precio internacional, y lo vende en el país mucho más barato de lo que lo paga, por una decisión política de subsidiar las tarifas de los consumidores. Las empresas que producen gas en la Argentina reciben USD 4 por millón de BTU. Aproximadamente, la mitad del gas que IEASA importa se lo vende a CAMMESA a precio pleno para la generación eléctrica, y la otra mitad a precio subsidiado a las distribuidoras para que llegue a los usuarios residenciales con una tarifa de alrededor de USD 1,7 por millón de BTU, en tanto el resto es subsidiado por el Estado. IEASA le vende aún más barato el gas – por debajo de USD 3- a las distribuidoras patagónicas, que a las otras del resto del país.

Agustín Gerez - IEASA
La construcción de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz también está bajo la órbita de IEASA

Qué presupuesto maneja

“Al ser una empresa y no un organismo del Estado, puede hacer licitaciones más rápido y tiene más flexibilidad para cerrar contratos. Maneja mucho dinero y no tiene demasiado control”, le dijo a Infobae una fuente del sector.

El presupuesto asignado para este año es de USD 1.780 millones, luego de la última actualización presupuestaria, al no haberse aprobado el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso. La cifra fue calculada por la consultora Economía & Energía, de Nicolás Arceo, en base a datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina Nacional de Presupuesto, tomando el tipo de cambio promedio para 2022 considerado por el Ministerio de Economía.

Sin embargo, todos los consultados por Infobae coincidieron en que el Presupuesto 2022 ya quedó desactualizado por la disparada de los precios internacionales del GNL y el petróleo. “Esa cifra es lo que está previsto hoy que reciba del Tesoro Nacional. Pero ya se sabe que no le va a alcanzar por el aumento del costo del gas licuado que llega en barcos”, señaló Arceo.

Fuentes del área de Energía del Gobierno le dijeron a Infobae que “el presupuesto se va asignando a medida que salen las instrucciones de compra. Lo oficial es una estimación preliminar que se va adecuando”,

En 2021, con Gerez ya como presidente de IEASA, la empresa estatal recibió un total de USD 2.084 millones, un 235% más que lo presupuestado originalmente para ese año: USD 623 millones.

De enero a marzo de este año, según el cálculo de Economía & Energía, el Tesoro le giró a IEASA la suma de USD 223 millones, tomando el tipo de cambio promedio en este período. “La cifra es relativamente baja todavía, porque el grueso del déficit de IEASA se da en invierno cuando hay mayor demanda de gas. Recién a partir de mayo se importarán barcos de GNL para abastecer la demanda invernal, por lo que seguro se va a necesitar un aumento de los subsidios. Y, además, había quedado un resto en caja de los USD 2.084 que había recibido en 2021″, informó Arceo ante la consulta de este medio.

Los USD 223 devengados hasta ahora en la cuenta de IEASA no incluyen el pago de los 8 barcos que se adjudicaron en febrero pasado, adjudicados a un precio de entre USD 36 y 40 el millón de BTU. Está previsto que lleguen en mayo y se pagarán dentro de las 24 horas de ingreso a puerto.

“El año pasado, para esta época, en lugar de 8 barcos se habían comprado 21, que alcanzan para un mes y medio en pleno invierno. Ocho barcos solo cubren la demanda de gas de 15 días de pleno invierno”, precisó una fuente del área energética del Gobierno.

Por la suba del precio del GNL, será determinante a qué precio terminará importando los barcos de GNL que harán falta. Algunos expertos, como el ex secretario de Energía, Daniel Montamat, estimaron que el número de cargas de buques “metaneros” que deberán contratarse será de entre 70 y 75, dependiendo de cuál sea el nivel de abastecimiento del gas de Bolivia, que llega a la Argentina por medio de gasoductos.

Para Arceo, “si bien estaban previstos originalmente 72, se estima que se necesitarán menos, porque traer gasoil hoy sale más barato para generar energía. Pero ese número puede cambiar en función de cómo termine la letra chica de la adenda del acuerdo que se firmó días atrás con Bolivia, que aún no se conoce”. Por lo que trascendió, Argentina le pagará al país andino entre USD 7 y USD 9 por millón de BTU por envíos hasta 10 millones de m3 por día, y por el resto, un promedio de USD 12,18 por millón de BTU.

Para asegurar el gas en hogares, en los meses el gobierno dispone que algunas usinas térmicas usen gasoil o fueloil en vez de gas natural.

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El yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén, de donde saldrá el gasoducto hacia Río Negro, La Pampa y la provincia de Buenos Aires

En IEASA se negaron a dar precisiones sobre la cantidad de barcos de GNL a importar. Solo afirmaron que “eso lo define la Secretaría de Energía”, y aclararon que no hacen un análisis de la demanda. “Solo cumplimos instrucciones”, sostuvieron.

Déficit elevado

El hecho de que IEASA compre el gas a precio internacional y lo venda mucho más barato a nivel local, hace que la empresa siempre sea deficitaria y requiera de millonarios fondos del Estado. “Hay un descalce en el precio de importaciones, porque compra el GNL a USD 30 el millón de BTU en promedio, y lo vende a USD 3. Aproximadamente la mitad se lo vende a Cammesa (la empresa mixta que administra el mercado mayorista eléctrico) y la otra mitad a las distribuidoras”, precisó Arceo.

Según el Balance 2020, el último publicado en el sitio web deI IEASA, en 2020 tuvo un déficit de $15.224 millones, y en 2019 había sido de $11.883 millones.

El requerimiento constante de fondos al ministro Guzmán desde el área energética generó más de un cortocircuito con el titular de Economía. Así quedó expuesto en la carta que le envió en marzo pasado el secretario de Energía, Darío Martínez, al ministro de Economía, su jefe. Alineado con Cristina Kirchner, Martínez le reclamó haberse quedado sin recursos para pagar el gas en marzo. Esa falta de abastecimiento – le advirtió- también afectaría a la generación de energía eléctrica.

Según los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto analizados por Infobae, IEASA tiene asignados para este año $233.353 millones de pesos. De esa cifra, $218.961 son subsidios que deberá desembolsar el Tesoro Nacional, y otros $14.391 corresponden a un crédito externo para las represas hidroeléctricas de Santa Cruz. Es la empresa estatal que más fondos públicos tiene previstos en el Presupuesto 2022. Sin embargo, debido a la interna dentro del Gobierno entre el sector de Alberto Fernández y el kirchnerismo, solo le fueron girados $23.749 millones, el 10%.

El impuesto a las grandes fortunas

La designación de Gerez a principios de 2021 coincidió con un refuerzo presupuestario que recibió IEASA, a partir de la aprobación en el parlamento del “Aporte solidario y extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia”, impulsado por Máximo Kirchner y conocido como el impuesto a las grandes fortunas.

Según esta ley, reglamentada en enero del año pasado, el 25% de lo recaudado será destinado a “programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía, de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de Integración Energética Argentina SA, la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos”.

Hasta ahora, según fuentes oficiales consultadas por Infobae, Economía le giró unos $10.000 millones, apenas un 20% del total que le corresponde a IEASA por ese impuesto el año pasado. Esas mismas fuentes confirmaron que el dinero “se utilizará íntegramente para todo el proyecto del gasoducto Néstor Kirchner, indistintamente, tanto para la compra de los caños como la obra”. Esos recursos fueron girados a un fideicomiso en el BICE constituido por IEASA, a partir de un DNU dictado en febrero de este año, cuyo destino podrá ser únicamente esa obra. Fuentes privadas consultadas por Infobae señalaron que, por la información que ellos tienen, “ese fideicomiso todavía no está activo”.

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Agustín Gerez en la Cumbre Climática que tuvo lugar a finales del año pasado en Glasgow, Escocia.

En el Gobierno afirman con optimismo que el gasoducto va a “resolver en un año y medio el problema energético en la Argentina”. Gerez estimó en febrero pasado que, durante el transcurso de ese mes, iban a “licitar los caños y durante el transcurso de abril o mayo, licitar la obra”. El funcionario de La Cámpora aseguró que el “objetivo prioritario” es “tener listo el gasoducto para el invierno de 2023″. En el acto de ayer, el secretario de Energía aseguró que la obra comenzaría en agosto. Fuentes del sector privado desconfían de la celeridad del proceso y recién ven viable que el gasoducto pueda estar operativo para 2024, o recién en 2025.

El 31 de marzo se abrió la única oferta por la provisión de los caños por USD 567 millones, presentada por Tenaris, del Grupo Techint. En total, la obra civil de la primera etapa – de 558 km de caños- insumiría USD 1.600 millones. Esta licitación viene retrasada ya que aún no hay una decisión dentro del Gobierno sobre cómo encararla. Si será adjudicada a una o dos grandes constructoras con capacidad para avanzar más rápido, aunque no sean las de mejor sintonía con el oficialismo – como SACDE, la ex IECSA que le compró Marcelo Mindlin a Angelo Calcaterra, o Techint -, o si se abrirá el juego a más constructoras.

La primera etapa del gasoducto irá desde Vaca Muerta en Neuquén, pasando por Río Negro y La Pampa, hasta Salliqueló en la provincia de Buenos Aires. Cuando esté listo, ese primer tramo va a permitir tener 10 millones de metros cúbicos por día, que equivale a más de la mitad de la adenda del acuerdo con Bolivia. Según las estimaciones oficiales, por la situación de importación de gas, la finalización de la primera etapa podría implicar un ahorro de USD 1.000 anuales en generación eléctrica, mientras que el efecto neto sobre la balanza comercial energética podría llegar a USD 2.500 millones por año.

La segunda etapa está prevista que vaya de la provincia de Buenos Aires a San Jerónimo (Santa Fe), pero aún no tiene financiamiento. Se estima en otros USD 2.000.

Quién la maneja

Agustín Gerez - IEASA
Agustín Gerez, miembro de La Cámpora, y con tan solo 33 años se convirtió en presidente de IEASA

De 34 años y nacido en Río Gallegos, Gerez es miembro de La Cámpora. Con perfil bajo, es hijo de un dirigente peronista de esa provincia, donde tiene juego propio propio, y está 100% alineado con el subsecretario Basualdo, quien funciona como el veedor de la vicepresidenta en el sector estratégico de la energía.

Se recibió de abogado en la Universidad Católica Argentina y posee un posgrado en Derecho del Petróleo y Gas Natural en la Universidad de Buenos Aires. Considerado “un cuadrazo técnico” dentro de la organización kirchnerista, hasta asumir como presidente de IEASA – el 1 de febrero de 2021-, se desempeñaba como subgerente general desde 2020, con el visto bueno de Cristina Kirchner.

La Cámpora lo subió a la comitiva de Alberto Fernández que fue a la Cumbre de Cambio Climático en Glasgow (Escocia), en noviembre del año pasado, aunque no estaba entre el contingente original.

Pero no era el primer paso de Gerez por la empresa estatal que maneja la energía. Ya había trabajado en ella en la gestión de Julio de Vido como ministro de Planificación. Ingresó en 2008 como asesor legal en la Secretaría de Energía. Desde abril de 2013 hasta febrero de 2016 pasó a desempeñarse como abogado de la ex ENARSA, a la que ingresó de la mano del ex presidente Walter Fagyas, mano derecha de Roberto Baratta, según publicó el portal especializado en energía Econojournal.

Agustín Gerez - IEASA
Gerez fue subido a la comitiva presidencial que fue a Glasgow a la Cumbre de Cambio Climático

En febrero de 2016, con la llegada de Cambiemos, fue desvinculado por lo que inició una demanda laboral contra el Estado por lo que consideró un despido “injustificado” y “una persecución política”. Tras su salida de la función pública, trabajó como consultor de empresas de servicios petroleros. A partir de la llegada del Frente de Todos al Gobierno, fue nombrado como número dos en la gerencia de la empresa estatal, pese a que mantenía un juicio contra el Estado. Recién tras su designación, desistió de la demanda.

Visualizaciones interactivas: Daniela Czibener

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