Casación descartó que encubrir a los iraníes sea una cuestión política no judiciable

Los ejes fundamentales del fallo de Casación, que ordenó hacer el juicio oral por el Pacto con Irán, son el rechazo a la posición de Cristina Kirchner de que fue una cuestión política no judiciable y al carácter de nueva y prueba «dirimente» de un informe de Interpol sobre las alertas rojas contra los ocho iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la AMIA.

Esas habían sido en octubre de 2021, los argumentos de los jueces hoy apartados del Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Antonio Michilini habían sobreseído a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner y los otros acusados. Obligado sería el mismo juez que había confesado al Papa Francisco que en 2015 los K lo presionaron para que lo incrimine en causas de la represión ilegal y que sonaba como candidato a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

En enero de 2015, el entonces fiscal de la AMIA Alberto Nisman había acusado a la entonces presidenta de encubrir a esos iraníes al intentar dar de baja esos pedidos de detención de Interpol (las alertas rojas), el único instrumento que tiene el Estado argentino para perseguir a esos sospechosos de ser los autores intelectuales del atentado cometido por un grupo terrorista del Hezbollah del Líbano. Días después apareció muerto con un balazo en la cabeza en lo que para la Justicia fue un asesinato aunque aún no se encontró a los autores materiales.

La denuncia de Nisman había sido rápidamente archivada por el juez federal Daniel Rafecas y la sala I de la Cámara Federal porteña. Pero en el 2016, los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y la misma ex jueza Ana Figueroa habían ordenado reabrir la causa que finalmente llegó al TOF 8, el cual en el 2021 decidió en una medida sin precedentes no hacer el juicio oral y sobreseer a todos los acusados.

En su fallo de 75 páginas, firmado una semana después de que la Corte cesó en sus funciones a la jueza K Ana Figueroa por haber cumplido 75 años y no tener un acuerdo nuevo del Senado, los jueces de Casación Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, también apartaron del caso a los jueces del TOF 8 porque ya prejuzgaron en la causa que más preocupa a Cristina Kirchner por su repercusión internacional. Amen que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados junto al dirigente social K Luis D’Elía y el ex líder de Quebracho Fernando Esteche, acusados por Nisman de haber hecho una negociación paralela con Irán a la del ex canciller Héctor Timerman.

Pese a las presiones K, en 2021 la DAIA y los abogados de los familiares de las víctimas Mario Aberbuj y Luis Czyzewski, Tomás Farini Duggan, apelaron la polémica decisión del TOF 8 hasta este final.

A criterio de Barroetaveña y Petrone, los jueces del TOF 8 –que son un tribunal inferior a Casación- efectuaron “una interpretación forzada y arbitraria” del artículo 361 del Código Procesal Penal al ponderar un informe del ex titular de Interpol Robert Noble –quien estuvo imputado en el caso- como una prueba novedosa y “dirimente” para invalidar el juicio.

En realidad, recordó Farini, la afirmación de Interpol de que las alertas rojas solo podían ser derogadas por el juez de la causa estaba en el expediente desde el principio. De todos modos, por el Pacto con Irán las alertas rojas fueron flexibilizadas de hecho con un agregado sobre una inexistente negociación diplomática entre Argentina e Irán.

Los jueces de Casación dejaron en claro que no se discutía el pacto en si mismo –que es una potestad del Gobierno- sino un “plan delictivo denunciado por Nisman” quien, además, descubrió al existencia “de canales paralelos de comunicación -distintos de los convencionales” con Irán a través de D’Elía, Estreche con el principal acusado: el ex agregado cultural iraní en Buenos Aires, Moshé Rabbani.

La querella de la DAIA y los familiares de las víctimas del atentado tienen, además, a una conclusión totalmente contraria a la del TOF 8 sobre la carta enviada por Timerman a Interpol el 15 de febrero de 2013 para aclarar lo de las alertas rojas, luego de que estalló el escándalo en la Argentina por el acuerdo negociado en secreto por Cristina desde que prácticamente murió Néstor Kirchner en el 2010. Para Barroetaveña y Petrone esas cartas “no desvirtuaban la hipótesis delictiva” denunciadas pro Nisman.

El debate, que hará se hará en juicio oral, gira en la interpretación del artículo 81 inciso 3 del reglamento de Interpol sobre el tratamiento de datos, referido a la suspensión, retirada o anulación de una notificación, entre otros temas. En otras palabras, la posibilidad que tenía el Secretario General de Interpol Noble –amigo de Timerman- de anular una notificación roja aún sin mediar orden de juez.

Pero al resolver en de forma anticipada, los jueces del TOF 8 optaron por una de todas las lecturas propuestas –la de Cristina y los otros acusados-, “soslayando el principio de contradicción de todo juicio oral”, recordó una fuente judicial.

Entonces, el TOF 8 privó a la querella de “su derecho de actuar en juicio en defensa de sus derechos y de debatir, en forma amplia, la hipótesis de cada una sobre el caso, a fin de conocer la verdad”.

Entonces, los fundamentos de la decisión de Barroetaveña y Petrone son netamente procesales. Y a diferencia de la causa llamada Dólar Futuro en donde había habido una pericia en instrucción suplementaria en donde se demostró que no había habido perjuicio para la administración pública, en este caso no había nada novedoso y dirimente. Como ya se dijo, el informe de Interpol estaba en la causa desde el principio y se podrá ventilar en un juicio oral y público la validez de la denuncia de Nisman.

fuente: Clarín