Redoblan presiones sobre las empresas por la aceleración inflacionaria

Tal como lo había pedido Cristina Kirchner semanas atrás, el Gobierno investigará los costos y los márgenes de ganancias de más de 15 empresas de consumo masivo para determinar aumentos de precios injustificados y prácticas abusivas. Así lo solicitó expresamente el secretario de Comercio, Matías Tombolini, quien instruyó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a que despeje o confirme las sospechas sobre «algunos movimientos de precios raros», según señalan fuentes oficiales.

La medida fue oficializada este martes en el Boletín Oficial a través de la resolución 68/2022, por la cual Defensa de la Competencia tendrá 30 días para elaborar un informe sobre el comportamiento de las compañías. En ese lapso, la oficina (que depende de Tombolini) tiene que comprobar dos cosas. La primera, si una empresa con posición dominante perjudica a sus competidores a través de la formación de precios. Y la segunda, si su estructura de costos justifica los valores de algunos productos.

Tales acciones sintonizan con los reclamos de Cristina y su preocupación por la alta inflación. El lunes, el ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó ayer que prepara “un plan de estabilización entre diciembre y marzo” con el fin de congelar los precios “en los meses más calientes del año” en productos que “representan el 86%” del consumo masivo.

Precisó además que se trabaja en el desarrollo de una nueva función de la app “Mi Argentina”, que permitirá a la gente controlar los precios en góndola a través del simple escaneo del código de barras. Agregó que si esto no ocurre, se podrán denunciar los incumplimientos desde la misma aplicación, con multas a comercios que podrían llegar a $ 240 millones.

Fuentes oficiales aclararon que están a la búsqueda de un acuerdo con fabricantes de alimentos, bebidas, tocador y limpieza, para fijar los precios de 1.200 a 1.500 artículos de marcas líderes durante 120 días. “A las empresas les damos incentivos de certeza de acceso a mercados de cambios y programas fiscales de incentivos. Si cumplimos, ganamos todos”, subrayó el ministro.

En paralelo, Tombolini se reunió ayer al mediodía con directivos de la ASU (Asociación de Supermercados Unidos), para pedirles que rechacen aumentos por encima del 4% mensual en aquellos productos que no estén incluidos en el programa Precios Cuidados (hoy son 452) y la futura canasta de Precios Justos, que entraría en vigencia el mes próximo, según avancen las negociaciones con los principales fabricantes de productos básicos.

Todo en medio del inicio de la investigación a «más de 15 fabricantes» por parte de Defensa de la Competencia, cuyos nombres por ahora no trascendieron.

Desde Comercio explican que «en los habituales seguimientos de precios se observaron movimientos raros. Esto por ahora no significa nada. Lo que pidió Tombolini es que se investigue la cuestión«. En caso de constatar irregularidades (casos de posición dominante o subas desmedidas en función de los costos de los insumos, por ejemplo, el Gobierno podría aplicar multas a las empresas que correspondan.

Tales acciones se producen dos semanas antes de conocerse la inflación de octubre, que para las consultoras privadas se aproximan al 7% en promedio, y prevén un salto mayor para el rubro tan sensible como alimentos y bebidas. Para LCG, por ejemplo, los comestibles aumentaron 7,9% en las últimas 4 semanas contra una inflación general de 6,5%.

Eco Go maneja números parecidos. Sobre los últimos anuncios, como el congelamiento «acordado» de precios por 4 meses, el economista jefe de esa consultora Sebastián Menescaldi interpreta que «en general son herramientas donde los funcionarios públicos pueden mostrar que están haciendo algo para combatir la inflación, aunque sea solamente con balas de salva o con instrumentos que no sirven para ello, salvo en contadas ocasiones y con limitado efecto», dijo a Clarín.

fuente: Clarín