Sube la tensión entre el Gobierno y los piqueteros, que amenazan con más medidas de fuerza
Mientras las discrepancias en el Frente de Todos siguen tensionando los cimientos de la alianza que gobierna al país, en las calles la Unidad Piquetera prepara una nueva y masiva movilización contra las políticas económicas de Alberto Fernández.
También repudian el “acuerdo ajustador impuesto por el FMI”; exigen la “universalización” de programas como Potenciar Trabajo, la “generación de un millón de empleos genuino a través de la obra pública” y un incremento del cien por ciento en el Salario Mínimo Vital y Móvil. Los reclamos, como mínimo, son de difícil conciliación.
El resultado negativo de la ecuación llevará a un inevitable choque de intereses y un resultado establecido: una marcha federal que desembocará frente a la Casa Rosada con unos cien mil manifestantes y el fantasma de un nuevo acampe, esta vez, por tres días.
Los movimientos sociales opositores consideraron “exitosa” la movilización del miércoles pasado -con los mismos reclamos. Y los datos oficiales de inflación del 6,7% en marzo también ayudaron a potenciar la acción. La medida fue votada en el Plenario Nacional Piquetero realizado el 12 de marzo en Plaza de Mayo. Se podría materializar a fin de mes o principio de mayo.
“Sin importar lo que acordemos en la mesa de diálogo, los movimientos sociales opositores, como el Polo Obrero (PO) van a seguir movilizados porque su decisión política estar en la calle”, evalúa un funcionario que trabaja codo a codo con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Un diagnóstico similar realizan en la Casa Rosada.
A modo de ejemplo, enumeran las concesiones realizadas a la Unidad Piquetera y que se terminarán de concretar en las próximas semanas a través de nuevos encuentros entre dirigentes piqueteros y los equipos técnicos de Desarrollo Social.
Se reforzó la cantidad de alimentos destinados a merenderos y comedores. También destacaron la entrega de fondos y maquinarias para tres mil emprendimientos productivos en rubros como huerta, rotisería y panadería. Será a través de cooperativas y para acceder a esos beneficios se deben completar trámites en las áreas administrativa y jurídica. Antes, se había anunciado un incremento del 50% en la Tarjeta Alimentar.
Resolución ministerial que genera “tensiones”
Los allegados al ministro Zabaleta dicen que la tensión entre los principales referentes de las organizaciones piqueteras se potenció el 3 de enero. Ese día, el intendente en uso de licencia de Hurlingham firmó una resolución que otorgaba a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo la posibilidad de elegir la Unidad de Gestión dónde realizar la contraprestación laboral de cuatro horas.
El disgusto entre los piqueteros, siempre según la evaluación oficial, es que unos 170.000 beneficiarios solicitaron el cambio de lugar dónde realizar su tareas. Esto es que habrían dejado las cooperativas.
Dentro de esta lógica, la explicación es que el que recibe el plan social, que gestionó el movimiento, ya no podría ser presionado con que se le quite el beneficio si no asiste a una marcha o piquete.
Dirigentes sociales como Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, niegan de manera tajante que se extorsione a los beneficiarios: “Una resolución como esa tiene que ver con la gente que se les va de los municipios y de las orgas oficialistas y se viene al Polo Obrero y a otras orgas. Se les fugaron unas 20.000 en el último período, principalmente de las intendencias porque los usan de mano de obra barata”.
Desde el entorno de Zabaleta sostienen que los que deciden trabajar en el municipio deben recibir el mismo básico municipal del área en que desarrollan la tarea, desde cortar el césped hasta en una oficina de enfermería. Y que la diferencia, en caso de existir, la debe compensar la intendencia. “Nosotros controlamos que esto se cumpla, como ocurre, por ejemplo, en Avellaneda”, replican desde Desarrollo Social.
El tema, que no ha tomado trascendencia pública, es motivo de discusión en las reuniones entre el ministro de Desarrollo Social y los líderes de la Unidad Piquetera. Así lo reconoce el dirigente del PO. “En la reunión reciente con Zabaleta le reclamamos eso y el ministro defendió la resolución, que de hecho paraliza los pases porque nadie quiere quedar a merced del Ministerio que está copada por los movimientos sociales oficialistas -Evita y Somos Barrios de Pie- que están perdiendo compañeros que se pasan a nuestras orgas”.
Belliboni también explica: “La resolución es bien clarita, la persona se puede ir de la organización en la que está, pero no puede elegir a la que se quiere ir. Eso queda en manos del ministro que es quien decide donde continúa su contraprestación. Imagínate que no los va a mandar a sumarse al Polo Obrero”.
Los términos de la resolución
Como se aprecia, hay dos interpretaciones sobre el mismo tema. El conflicto se salda al leer los términos volcados en el punto IV de la resolución ministerial que bajo el título “resultado del procedimiento de traspaso de titulares” dispone: “El Ministerio de Desarrollo Socia validará y dispondrá el traspaso efectivo de los/las titulares que hubieran solicitado el mismo al inicio de cada mes”.
A párrafo seguido se lee: “Durante el mes previo a la certificación de participación, se constatará la situación del titular y se asignará la nueva Unidades de Gestión/Unidades de Gestión Asociada o Certificación para lo cual se verificará: 1- la existencia de un plan de trabajo, con grupo, tareas y localización identificadas. 2- Cercanía de las actividades de la UG con el domicilio del titular”.
Es decir, que son los funcionarios quienes disponen a qué lugar van a trabajar los beneficiarios del Potenciar Trabajo que solicitan una reubicación.
En los últimos meses, los municipios vieron reforzada su plantilla con el Potenciar Trabajo. Ese dato es irrefutable. Más difícil es corroborar si la mayoría de ellos se pasaron de Unidades de Gestión de movimientos sociales oficialistas u opositoras y el número exacto que pidió el traslado desde los municipios a otro lugar para desarrollar las cuatro horas de contraprestación.
Al margen de eso, es evidente que la resolución de Zabaleta generó malestar porque el traspaso no es a “libre elección” como era antes.
“Les quitamos un negocio a los piqueteros”, dicen desde Desarrollo Social. “Ellos están muy preocupados porque la gente se les va de los municipios y de las organizaciones oficialistas porque no hacen nada para luchar por sus derechos y los super explotan”, descarga Belliboni. Y agrega: “Esa resolución es una vergüenza y limita la libertad individual de cada persona”.
La tensión también se vive en la calle
“La verdadera tensión está en la calle, en los barrios. La tensión la pone el Gobierno con un ajuste fenomenal que golpea a los más pobres. Ahora dicen que están discutiendo un nuevo IFE. Nos dan la razón sobre la magnitud de la crisis”, opina el dirigente de la Unidad Piquetera.
Según pudo saber Infobae de fuente gubernamentales, la administración de Alberto Fernández no cederá a la presión de los piqueteros y no universalizará los planes sociales y tampoco abrirá la inscripción a nuevos beneficiarios para el Potenciar Trabajo.
“Ya les estamos otorgando más Potenciar Trabajo a través de los 3.000 nuevos proyectos productivos. Lo que pasa es que el Polo Obrero, por una cuestión ideológica, no tienen cooperativas, como otras organizaciones que también están en la Unidad Piquetera. Pero ahí nosotros no nos podemos meter, es un tema interno de ellos”, afirman los funcionarios cercanos a Zabaleta quienes recuerdan que las cooperativas de trabajo también se pueden inscribir para los proyectos de Integración de los Barrios Populares de Argentina, que son más de 4.400. El programa depende de la Secretaría de Integración Socio Urbana. Su meta principal es “garantizar el acceso a la red de agua, cloacas y electricidad; así como la tenencia de la tierra”.
El área está bajo la conducción de Ramona Fernanda Miño, ex concejala por San Isidro y referente del Frente Patria Grande, que lidera Juan Grabois.
¿Acampe frente a la Casa Rosada?
La Marcha Piquetera Federal está al caer. Lo más probables es que se realice después del 1 de Mayo, una fecha en la que los piqueteros de izquierda, junto a sus brazos políticos, participarán de un nutrido acto por el día del trabajador.
La Marcha Federal, le recuerda a Infobae Silvia Saravia, la coordinadora de Barrios de Pie, es la cuarta medida de la Unidad Piquetera. “Desde nuestro punto de vista se van a integrar otros sectores, otras organizaciones sindicales, sociales, políticas que también están saliendo a las calles con reivindicaciones similares y otras que no salen a manifestarse pero que también realizan manifestaciones al respecto y militantes de base de los barrios”, adelanta.
La referente social entiende que la Marcha Federal que terminará frente a la Plaza de Mayo es inevitable porque “hoy por hoy el Gobierno continúa con el ajuste, no controla la inflación y se vienen aumentos en los servicios y reajuste en combustibles”.
Para Saravia, es producto de la situación económica generada por el Frente de Todos lo que terminará haciendo más masiva la “protesta popular frente a la Casa Rosada”.
Espacios que hasta ahora están referenciados en el ala cristinista del FdT como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois y el Frente Popular Darío Santillán, referenciado en Dina Sánchez, ya salieron a pedir por un aumento urgente en los alimentos que llegan a los comedores barriales y expresaron su apoyo al acampe que la Unidad Piquetera realizo hace dos semanas sobre la avenida 9 de Julio, en pleno centro porteño.
Belliboni, del Polo Obrero, entiende que en los próximos días la Unidad Piquetera definirá la metodología y el día de la Marcha Federal y titula: “Ante la inflación que destruye los salarios, las jubilaciones y los planes sociales, marcha nacional por un paro activo nacional”.
El dirigente también cree que sindicados, militantes de base y otras organizaciones populares se plegaran a la Marcha Federal que convergerá en Plaza de Mayo, pero además espera que algunos gremios, donde hay delegados de partidos de izquierda o disconformes con las políticas sociales y económicas llamen a “un paro activo”. Belliboni también entiende que la movilización de la semana pasada “reivindicó la libertad democrática de manifestarse en la Argentina porque no apareció ni un policía de la ciudad a impedir la movilización”.
Si acamparán o no frente a la Casa Rosada o sobre la 9 de Julio aún no está definido y es muy probable que se resuelva el mismo día según la evolución de la marcha y las respuestas del Gobierno. Un Gobierno que observa con preocupación la intransigencia de los movimientos piqueteros.
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